En un informe sobre Venezuela realizado por el encargado del área de Justicia de la Fundación, Julio Andrés Borges, se asegura que los diez años de Gobierno de Chávez "han significado un grave retroceso en la vida social de los venezolanos" y han establecido la indefensión de los ciudadanos frente a los abusos del Estado.

Como primera medida dentro de esta promoción de la impunidad, Chávez ordenó nada más llegar al poder "la intervención total del Poder Judicial por parte de una Comisión Política que comenzó a destituir jueces por docenas".

Esta purgación del Poder Judicial ha provocado, según FAES, que "el número de jueces en el país en proporción a la población haya ido decreciendo dramáticamente", dejando a Venezuela con un ratio de seis jueces por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más bajos de todo el contiente. Además, el informe señala que el 90 por ciento de los nuevos jueces fueron nombrados a dedo.

Estas medidas han provocado que en diez años se haya multiplicado por cuatro el número de asesinatos, alcanzando los 13.000 por año y superando los 100.000 desde que Chávez llegó al poder.

Además, de la mano de los asesinatos, han aparecido en Venezuela "nuevas formas de violencia", como los secuestros, el sicariato, el narcotráfico y el lavado de dinero procedente de las drogas, unas prácticas que hoy en día son "habituales y generalizadas".

En resumén, el informe destaca que en Venezuela se denuncian anualmente cerca de un millón de delitos pero pocos de ellos son investigados y menos aún acaban con una sentencia condenatoria. Según los datos de FAES, en la Venezuela de Chávez "sólo hay un caso castigado de cada cien delitos denunciados".