Según informó la Fadsp, en estos momentos se negocia un nuevo convenio para Muface que tendría una duración de cuatro años, por lo que “es el momento de cambiar esta situación”.

En opinión de esta organización, las mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju, Isfas) “son un elemento distorsionador en el sistema sanitario público y suponen un factor muy importante de desigualdad y discriminación en el acceso de la población a la atención sanitaria, un aspecto que no parece preocupar a los supuestos defensores de la igualdad entre los españoles”.

Además, añadieron desde la Fadsp, “es una fuente de derivación de fondos públicos hacia el aseguramiento privado”. Por otro lado, recientemente en el European Journal of Health Economics 2024 señalaba que existe una selección de riesgo del sector de seguros privados que deriva la atención sanitaria de los enfermos más graves y más costosos hacia el sistema público. Por ello, esta federación planteó integrar estas mutualidades en el Sistema Nacional de Salud.

Esta integración está recogida ya en la Ley General de Sanidad de 1986 “sin que se hayan producido avances al respecto”. Para la Fadsp existen dos problemas: “el posible cambio y/o vulneración de derechos adquiridos de los colectivos incluidos y que podrían incorporarse a la sanidad pública”.

Sin embargo, el segundo problema se refiere a la presión asistencial de la sanidad pública al atender aun grupo mucho mayor de población. Por ello, recomendaron desde la Fadsp, un modelo lento de nuevas incorporaciones disminuiría este problema.

Sin embargo, “estas nuevas incorporaciones llevarían incorporada la correspondiente financiación, lo que permitiría al sistema público mejorar sus servicios”.