Así lo precisó la asociación en un comunicado en el que explicó que la querella de la Fiscalía que ha dado lugar a la apertura de la causa tuvo su origen en una denuncia presentada por Facua tras la multa de seis millones de euros impuesta a Naturgy el 20 de julio de 2023 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

“La sanción estaba motivada por haber incrementado ilegalmente los precios de producción energética en su central térmica de ciclo combinado de Sabon 3, en La Coruña, desde marzo de 2019 a diciembre de 2020”, abundó, para agregar que, como primera diligencia, el juez Calama ha requerido a Naturgy el organigrama del órgano de administración de la sociedad desde marzo de 2019 hasta hoy, con indicación de las personas que lo han integrado.

Facua recordó que el artículo 281 del Código Penal establece penas de prisión de uno a cinco años y multa de 12 a 24 meses para “el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores”.

MULTA DE LA CNMC

Junto a ello, la asociación puntualizó que la CNMC resolvió que la compañía había realizado ofertas “a precios excesivos” al mercado de restricciones técnicas para la manipulación del precio de los servicios de ajuste, una serie de mecanismos que gestiona el Operador del Sistema (Red Eléctrica Española) para garantizar la calidad y la seguridad en el suministro de energía dentro de España.

En su querella, la Fiscalía indica que las diligencias practicadas habían revelado que la compañía “abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos” y lo hizo “adoptando, de modo consciente y deliberado, una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia, obteniendo un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros, que generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en último término, para los consumidores”.

Facua agregó que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez Gil destaca en su querella que una parte del “incremento abusivo de los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3” se produjo “coincidiendo con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del Covid-19“.

PERJUICIO ILÍCITO

Así, según indicó la asociación de consumidores, la Fiscalía plantea que la compañía pudo incurrir en un delito relativo al mercado y a los consumidores al haberse ocasionado “un perjuicio ilícito para los derechos e intereses de los consumidores y usuarios del sector eléctrico”.

El juez Calama considera que las diligencias propuestas por el Ministerio Fiscal son útiles y deben practicarse y, como primer paso, tal y como contempla la ley a la hora de proceder a la imputación de una persona jurídica, ha dado una copia de la querella al representante legal designado por la empresa, a quien se le ha informado de los hechos que se imputan a la compañía.

Asimismo, ha requerido el organigrama de la empresa desde que comenzaron los hechos investigados hasta el día de hoy, resolvió Facua.