Así lo demandó en un comunicado en el que precisó que Telefónica ya ha “empezado a aplicar” la medida para las numeraciones 807 ante el “alto índice de irregularidades” y explicó que, desde el pasado 24 de junio, los clientes de Movistar y O2 que intenten llamar a estas numeraciones “serán informados mediante una locución informativa sobre cómo deben actuar para autorizar su acceso a estos servicios de tarificación adicional”.

En este sentido, la asociación criticó que el Gobierno “no imponga esta obligatoriedad” a “todas” las empresas de telecomunicaciones, “dejando desprotegidos” a los usuarios ante el “fraude” que, a su juicio, “cometen muchos de los titulares de estas líneas”.

En paralelo, exigió al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “trabaje” para el desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones y la reforma de la Carta de derechos de los usuarios de los servicios de comunicación electrónica para “introducir la obligación de pedir esta autorización previa para acceder a todos los servicios de tarificación adicional 80x”.

A este respecto, puntualizó que la actual normativa de telecomunicaciones, reformada por última vez en 2022, reconoce el derecho a la “desconexión” de estos servicios, “siempre que el usuario sea quien lo solicite previamente y de forma activa”.

MODIFICACIÓN

La organización de consumidores, sin embargo, señala que “debería modificarse” la norma “para que funcione en sentido contrario: que estén desconectados de forma general y sea el usuario quien pida expresamente su activación”.

“Actualmente, sólo los prefijos 803, 806 y 807 seguidos de las cifras 6, 7, 8 o 9 requieren de una solicitad expresa del usuario con fecha y firma”, abundó, al tiempo que recordó que los números de tarificación adicional 80x están destinados a la prestación de servicios profesionales de información, artísticos, servicios para adultos, de ocio o entretenimiento.

En este contexto, denunció que se trata de teléfonos “de alto coste, que no se encuentran dentro de las tarifas planas de las teleoperadoras”. “Sin embargo, cada vez más se utilizan para realizar prácticas irregulares por parte de sus titulares que buscan únicamente el enriquecimiento a costa del usuario”, concluyó.