Así lo demandó la presidenta de Facua Madrid, Marian Díaz, en el transcurso de una reunión con el ministro para trasladar las propuestas y reivindicaciones de la organización sobre la Estrategia Nacional de Alimentación, tal y como precisó la asociación en un comunicado.

Así, Facua considera “imprescindible” establecer el “imperativo legal” de que todas las empresas vinculadas a una alerta alimentaria estén “obligadas” a facilitar información sobre ella tanto en su página web, como en sus redes sociales y establecimientos, en caso de que los posean.

“Esta obligación, además, debe existir para todas las partes de la cadena, desde los fabricantes hasta los vendedores finales, pasando por distribuidoras o importadoras”, agregó.

A su juicio, además, también debe ser “exigible” un seguro de responsabilidad civil de las empresas alimentarias con una cuantía “proporcional” a su volumen de negocio, de manera que puedan hacer frente a las posibles indemnizaciones de existir personas afectadas por sus productos.

“Esto debe ir acompañado con un refuerzo del control e inspección de la industria y de la actividad de distribución, para que la administración pueda investigar, detectar y sancionar los posibles incumplimientos de la legislación”, subrayó.

PRECIOS

Por otro lado, Facua también reivindica la necesidad de que el Gobierno “investigue y actúe” con las empresas que han aplicado subidas de precios en alimentos con el IVA rebajado mediante el incremento “ilegal” de márgenes de beneficio “y no por subida de los costes”.

“Junto a esta medida, el Ejecutivo debería realizar intervenciones de precios que sirvan para evitar la brutal subida de la cesta de la compra, fijando precios máximos, tal y como le faculta la Ley de Comercio de 1996”, apostilló.

El etiquetado alimentario también es otra de las cuestiones “susceptibles de mejora”, según la asociación, que defendió que debe implantarse un modelo de doble etiquetado, que informe a los consumidores sobre el precio de origen de los productos junto al de venta al público, para fomentar una compra “informada y responsable”.

En paralelo, estimó que deben “reforzarse” los controles sobre la información que contienen los propios etiquetados y los envases de los productos para “evitar el fraude”, la publicidad “engañosa” y para “avisar” de prácticas como la reduflación, entre otras, de manera que los consumidores “puedan saber si un producto ha reducido el peso neto de su contenido aprovechando un cambio de diseño o formato”.

La asociación también insta a la creación de una regulación en la publicidad de alimentos para “proteger” a los niños de mensajes que fomentan hábitos insanos, causantes de “enormes perjuicios en la salud de los menores”, tal y como defiende también el Ministerio de Consumo.

Para “asegurar” la implantación de estas medidas, entre otras que la asociación también ha trasladado a Planas, Facua ve “necesario” que el Ministerio de Agricultura se “coordine” con el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, “de manera que trabajen de forma conjunta”.