Así lo precisó en un comunicado en el que explicó que, a raíz de una publicación en ‘El Confidencial’, ha instado a las autoridades autonómicas a que, con independencia de las actuaciones judiciales pertinentes, proporcionen a los consumidores información que les “permita identificar si han adquirido alguno de los productos supuestamente ibéricos interceptados por la Guardia Civil en un almacén” y que “hacían pasar por pata negra tiñéndolos con carbón”.

A este respecto, Facua Andalucía solicita “detalles” sobre la marca o las marcas “involucradas” en dicha “trama”, así como de los proveedores, números de lote si los hubiera, establecimientos donde estuvieron a la venta y “cualquier otra información de servicio que permita a la ciudadanía conocer si han adquirido y deben evitar consumir alguna de estas falsas paletas, jamones y chacinas ibéricas” que, puntualizó, “carecían de los preceptivos controles y registros sanitarios”.

La organización de consumidores señaló que, en una nave, los responsables "falsificaban" certificados y documentación para dar salida en el mercado, "a precios altos", a los productos derivados del cerdo "supuestamente de una calidad superior o 'pata negra'" que, tal y como verificaron los agentes durante la inspección, "se trataba de un engaño para obtener una mayor rentabilidad".

Tras advertir de que el entramado "puso en riesgo la salud pública", la asociación recordó que el Seprona, en la inspección, "destapó" las condiciones "deplorables" en las que es encontraban los alimentos intervenidos en este almacén de la provincia de Sevilla, con "gusanos" y "totalmente cubiertos de moho".

A ello se une que los agentes verificaron la falta de registro de entrada y de salida de los productos, así como de control en la trazabilidad o las modificaciones que realizaban a las etiquetas de los lotes de 2019, a los que habían puesto 2030 como fecha de consumo preferente para darles salida en el mercado, según agregó la organización.

Junto a ello, indicó que el entramado seguía un esquema según el cuál realizaban el fraude con los productos alimenticios abriendo una nave y empezando a trabajar en ella hasta que se producía una inspección de Sanidad, solicitaban unos días de margen para recopilar la documentación y a la vuelta de los inspectores "ya se habían marchado a otro lugar, donde reproducían el mismo procedimiento una y otra vez".

El empresario "cabecilla" de este entramado, que cuenta con ramificaciones en las provincias de Cáceres, Valencia, Salamanca y Madrid, con empresas que serían víctimas del fraude o que están siendo investigadas como cómplices, se enfrenta a posibles delitos contra la propiedad industrial, estafa, contra la salud pública y falsedad documental.