Así lo demandó en declaraciones a Servimedia en las que puntualizó que, en virtud del real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, “ningún sector ni ningún miembro de la cadena de intermediación se puede quedar con ni un ápice de la bajada del IVA".

"No se puede quedar con la diferencia ni con una parte de la diferencia”, sentenció, para aclarar que, "después de bajar el precio por la disminución del IVA, la única causa por la que se podría aplicar un incremento es un aumento de costes de producción". "Pero hay que justificarlo", advirtió, para aseverar que “no vale que el establecimiento diga que ha subido la leche otros 10 céntimos porque le cuesta más cara de lo que le costaba justo antes de aplicar la subida, sino que tendrá que demostrarlo”.

En este punto, exigió al organismo competente, la CNMC, que “monitorice y controle” los precios de las “principales” superficies comerciales y dijo esperar que, “con anterioridad al 1 de enero”, haya llevado a cabo “un primer control y una revisión de todos o de una buena parte de los precios de los productos afectados en una serie de establecimientos”, por lo que le pidió que “lo confirme y lo aclare”.

“Si Competencia no ha desarrollado controles de precios una semana antes de la subida, evidentemente no va a poder detectar irregularidades”, lamentó, para solicitarle “transparencia” y que “aclare públicamente si ha desarrollado esos controles previos” para poder detectar “subidas encubiertas”.

LOBBYS DEL SECTOR

En paralelo, auguró que los ‘lobbys’ del sector de la distribución alimentaria van a poner en marcha medidas para “intentar convencer a la opinión pública" de que "no pueden repercutir a la baja los impuestos y de que, al contrario, tienen que subir muchos precios porque se les están encareciendo los costes de producción, etcétera”. “En ese caso, tendrán que demostrar al Gobierno y a la CNMC que, efectivamente, han sufrido un incremento del precio que abonan a los suministradores de esos productos y justo en esta coyuntura”, señaló, convencido de que, de lo contrario, “Competencia podrá multarles”.

Con todo, citó el “lamentable precedente” de la aplicación del descuento de los carburantes y recordó que, pese a que las gasolineras tenían la obligación de repercutir al consumidor un descuento de cinco céntimos, la organización denunció a más de 200 “el mismo día que entró en vigor la medida” porque habían subido el litro de combustible “justo cinco céntimos o más”.

"Lamentablemente, no se ha anunciado ninguna sanción”, deslizó, para, a continuación, criticar la “falta de reacción” y la “inacción por parte de las administraciones”.

No obstante, a su entender, en el caso de los alimentos la normativa “dice de una forma mucho más clara que se tiene que repercutir al consumidor íntegramente la bajada del impuesto y que no se puede aplicar subida”, con lo cual, según su criterio, “será más fácil la aplicación de una multa si no hay una justificación de encarecimiento de costes de producción detrás”.

Por todo ello, además de a Competencia, también demandó al Ejecutivo central y a los Gobiernos autonómicos “que tomen medidas de seguimiento” y afirmó que, tanto el Ministerio de Consumo como, “muy especialmente”, las autoridades de protección al consumidor regionales “deberían hacer determinados controles y monitoreo de precios” así como "recibir" denuncias para “trasladárselas” a la CNMC si “detectan y confirman irregularidades”.

A este respecto, advirtió de que Facua va a estar “muy atenta” a la evolución de dichos precios e hizo un “llamamiento” a los consumidores para que “supervisen y controlen” dicha evolución con el fin de interponer las “correspondientes denuncias contra establecimientos que incumplan”.

En este sentido, juzgó “fundamental” que adopten “un papel activo exigiendo el cumplimiento de la medida y denunciando cualquier subida a lo largo de estos próximos meses”.