Así lo denunció en un comunicado en el que subrayó que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha alcanzado un acuerdo con los gobiernos de todas las comunidades autónomas para poner en marcha el ‘Programa María Goyri’ y crear 4.545 plazas de profesor ayudante doctor en las universidades públicas de estos territorios, de las que el Gobierno financiará 2.744 plazas y las comunidades autónomas, 1.801.

“El Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso es el único que, en un principio, había rechazado adherirse a este programa a través del cual las universidades públicas madrileñas podrán contratar y estabilizar un millar de plazas de profesores. Finalmente se ha unido pese a mostrar su rechazo a las condiciones planteadas”, abundó.

En paralelo, criticó que, “al tiempo que desprecia la educación pública, en los últimos años” el Gobierno de la Comunidad de Madrid “no ha parado de tramitar” la creación e implantación de universidades privadas, “alguna de ellas a pesar de tener informes desfavorables o tener su campus en un edificio de oficinas” y puntualizó que en Madrid hay actualmente más del doble de universidades privadas (13) que públicas (6).

“Unas políticas parecidas está aplicando Juanma Moreno Bonilla en Andalucía, quien, con su mayoría absoluta en el Parlamento, ha autorizado en poco más de un año el desembarco de cuatro universidades privadas en la región”, deslizó, al tiempo que recordó que “una situación parecida vive Extremadura”, donde el Gobierno de María Guardiola está “favoreciendo” la llegada de hasta cuatro universidades privadas a una comunidad donde hasta la fecha no había ninguna.

ANÁLISIS EXHAUSTIVO

Tras reclamar un “análisis exhaustivo” de las “implicaciones” de estas medidas, así como mecanismos de financiación para “atenuar las desigualdades y fomentar una educación universitaria inclusiva y equitativa”, la asociación criticó las políticas que se vienen implementando en territorios como Madrid y Andalucía, que, a su entender, “no son más que una privatización del sistema educativo por la puerta de atrás”, y el “desmembramiento” del sistema universitario público “en favor del interés económico de la empresa privada”.

Por último, juzgó “fundamental” establecer mecanismos “sólidos” para garantizar la excelencia del sistema universitario público, dotándolo de recursos humanos y técnicos suficientes para que continúe siendo “un sistema prestigioso y el garante de una educación de calidad de todos y para todos”.