Así lo anunció este jueves la asociación de consumidores en un comunicado en el que precisó que el festival se celebra del 29 de junio al 1 de julio en Sevilla y en Madrid, el 14 de julio en Cádiz, los días 21 y 22 de julio en Torremolinos (Málaga) y del 3 al 5 de agosto en El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según explicó Facua, en las condiciones generales que aparecen en la página web del Puro Latino Fest, la promotora incluye, entre otras cuestiones, que "queda terminantemente prohibida” la entrada al recinto del festival de “cualquier tipo de comida o bebida, pudiendo los asistentes ser registrados" y añade que "el incumplimiento de este punto supone la expulsión inmediata del recinto", si bien la asociación “ha corroborado” que en las condiciones de Crossover Music 2023 no hay "ningún apartado" que “les habilite a nada o justifique esa medida”.

INFRACCIONES GRAVES

En su escrito de denuncia, la asociación subraya que Crossover Music 2023 es “reincidente” al incluir en los eventos que organiza “limitaciones” en el derecho de admisión de los asistentes en relación con el acceso al recinto con comida y bebida, “en contra de los intereses de los consumidores y usuarios”.

Tras señalar que, en otras ediciones, ya denunció ante las autoridades competentes las “infracciones”, la entidad advirtió de que, “en caso de no rectificar", la empresa "podría incurrir en una infracción grave” conforme al artículo 20 de la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

En paralelo, resaltó que la organización de Puro Latino Fest también ha impuesto en sus condiciones de acceso que, "para poder salir y entrar del recinto de la zona general, es necesario adquirir el derecho de reacceso que se podrá adquirir por el precio de 15 euros al llegar al recinto”.

A este respecto, manifestó su “preocupación” por la aplicación de este “sobrecoste” al precio de la entrada u abono “con fines meramente recaudatorios”, lo que, según su criterio, “podría suponer una cláusula abusiva según la normativa de protección de los consumidores”.

DISCRIMINACIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Junto a ello, Facua también consideró que los promotores del Puro Latino Fest “no ofrecen información accesible” sobre precios en la web para la adquisición de entradas por parte de personas con movilidad reducida.

“Se limitan a derivar a estos usuarios a una dirección de correo electrónico, sin especificar tanto el precio como la ubicación, cuestión que vulnera el artículo 4 de la Ley 4/2017 de Derechos de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que define la discriminación indirecta”, abundó.

Además, indicó que, a nivel estatal, el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge que "se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".