Así lo anunció este viernes la organización en un comunicado en el que precisó que las denuncias han sido presentadas ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas donde tienen su sede social las promotoras de los eventos.

Tras puntualizar que se trata de la misma “irregularidad” por la que ya denunció al Madrid Salvaje el pasado mes de septiembre, la asociación explicó que los cuatro festivales ahora denunciados también incluyen en sus procesos de venta de entradas un gasto extra por la “gestión” de la compra.

Así, el festival Jardín de las Delicias añade un 10% al precio de la entrada por este concepto, por lo que cobra una cantidad “diferente” dependiendo del precio de la entrada que se adquiere y el mismo porcentaje aplican también el Extremúsika, el Madrid Brava y el Caudal Fest.

En este sentido, la asociación entiende que los gastos de gestión son parte de los costes operativos de la actividad empresarial y que “ya de por sí son cargados al consumidor en el precio de venta de una entrada”.

“Sin embargo, la organizadora del festival aplica estos gastos sin prestar ningún servicio al consumidor”, abundó, al tiempo que subrayó que es “inherente a toda actividad empresarial repercutir todos o parte de los costes del servicio que presta, pero imputándolos al precio final”.

En este contexto, advirtió de que “lo que no se puede” es “repercutir” parte de dichos costes operacionales bajo el concepto de “gastos de gestión” cuando la adquisición online de una entrada “es un proceso automático y autónomo en el que no hay nada que gestionar”.

LEGISLACIÓN

La asociación recordó que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una nota en la que “deja claro cuáles son los requisitos que deben de cumplir, en caso de existir”, los recargos o costes adicionales durante la adquisición de entradas para espectáculos públicos.

Asimismo, la asociación explicitó que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, recoge que dichos gastos deben referirse “exclusivamente” a servicios “concretos” distintos a la simple venta de la entrada que reciban los consumidores, ya que deben estar incluidos en el precio final que se muestra.

De este modo, Facua interpreta que los asistentes a cualquiera de estos cuatro festivales “no deberían haber pagado este gasto adicional, por lo que ahora tienen derecho a solicitar el reembolso”.