Así lo anunció este lunes la organización de consumidores en un comunicado en el que precisó que se trata de una nueva actuación de la asociación contra la empresa de proyección cinematográfica al considerar que incurre en una “cláusula abusiva” por esta prohibición, después de que en abril de 2023 llevara a Yelmo a los tribunales interponiendo una acción de cesación en los juzgados de primera instancia de Madrid, sobre la que todavía no se ha fijado fecha de audiencia previa, y lo denunciase en 2020 ante el Ministerio de Consumo, dirigido entonces por Alberto Garzón.

En sus denuncias, Facua señala que la empresa tiene colocados carteles a la entrada de sus salas donde informa de que la compañía no permite el acceso a estas instalaciones con alimentos y/o bebidas adquiridas fuera de Yelmo, reservándose, por tanto, el derecho de admisión, “amparándose, en muchos casos, en que tiene un servicio de bar en el establecimiento“.

A juicio de la asociación, la empresa “pretende ampararse en el ejercicio de un supuesto derecho de admisión” que, según advertía Facua en su demanda en los tribunales, “resulta contrario a la legislación”.

La organización decidió llevar estas prácticas a los tribunales ante la “pasividad” de las autoridades autonómicas competentes en protección a los consumidores y espectáculos públicos, que, a su entender, “no imponen multas o aplican sanciones completamente ridículas, por lo que la empresa continúa con ellas”.

“De todas las comunidades autónomas que recibieron denuncias contra Yelmo, sólo Euskadi decidió actuar, multando a la empresa con 30.000 euros a finales de 2023”, agregó, al tiempo que explicó que ha presentado una nueva denuncia, en esta ocasión ante el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, “a la espera de que lleve a cabo las actuaciones que no se realizaron en la anterior legislatura, abra un expediente sancionador a la empresa e imponga las sanciones correspondientes”.

SANCIONAR IRREGULARIDADES

En este contexto, recordó que el Ministerio de Consumo tiene la “potestad” para sancionar “irregularidades” que afecten a más de un territorio tras una modificación legislativa que impulsó Garzón en mayo de 2020 “a raíz de las reivindicaciones históricas de Facua”.

Con respecto a la legislación de aplicación, la organización subrayó que, entre otras normativas, el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera que no permitir la entrada con comida y bebida de fuera es una “cláusula abusiva” según el artículo 82.1, que establece como tales todas aquellas prácticas que causen “un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato“.