Así lo anunció este jueves la asociación en un comunicado en el que explicó que la empresa promotora, Warm Baltimore AIE, además, sólo permitía el pago dentro del festival con la pulsera 'cashless' y ha impuesto “un plazo excesivamente corto”, de cinco días, para solicitar el reembolso del dinero que se introdujo en ella pero que no se llegó a utilizar.

“Dicho de otra forma, no sólo se impone al consumidor la utilización de un sistema de pago concreto dentro del recinto donde se desarrolla este evento, sino que además se le impone una comisión para recuperar el dinero ingresado en este sistema de pago y el plazo que han establecido para poder solicitar el reembolso es muy inferior a los plazos legales”, abundó.

Por otro lado, denunció que la empresa sólo permitía acceder al recinto con “botellas de 500 mililitros sin tapón“, prohibiendo entrar con cualquier otro tipo de alimento, y “para más inri”, para los asistentes que compraron la “entrada de día general” les indicaba que, “si salían del recinto, ya no podían volver a entrar“.

CLÁUSULAS ABUSIVAS

En este contexto, la asociación señaló que las diferentes cláusulas que impuso la promotora del festival a sus asistentes “podrían considerarse abusivas” en virtud del artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

La entidad explicó que, según dicho artículo, “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

“Resulta obvio que se trataría de una práctica no consentida expresamente, que atenta a la buena fe, el imponer un plazo de recuperación del dinero no utilizado excesivamente breve en perjuicio del consumidor y que supone un flagrante desequilibrio contractual, toda vez que si el consumidor no actúa en el indicado plazo el empresario obtendría un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cantidad íntegra de un servicio que finalmente no se presta”, sentenció.

En este sentido, puntualizó que el Código Civil establece un plazo de cinco años para aquellas acciones que deriven de una relación contractual y que, teniendo en cuenta eso, “cualquier plazo impuesto por la mercantil ha de compararse con el plazo legal de 60 meses”.

En la misma línea, incidió en que impedir el “reacceso” al recinto “sólo está justificado en casos de seguridad y siempre y cuando sea de forma homogénea para todos los asistentes y no dependa de la compra de un bono concreto, como en este caso, que sólo permite reacceder a aquellos usuarios que compraron la entrada VIP para los dos días, limitando el reacceso por cuestiones económicas”.