Así lo anunció este jueves la asociación de consumidores en un comunicado en el que explicó que, durante el proceso de compra en la página web del evento se añade al precio de la entrada un importe denominado “GG” o “gastos de gestión”.

“Además este importe no es siempre el mismo, sino que varía en función del tipo de entrada que se adquiera”, criticó, al tiempo que dijo entender que los gastos de gestión son parte de los costes operativos de la actividad empresarial y que “ya de por sí son cargados al consumidor en el precio de venta de una entrada”.

Tras puntualizar que, sin embargo, la organizadora del festival aplica estos gastos “sin prestar ningún servicio al consumidor”, subrayó que es “inherente” a toda actividad empresarial repercutir todos o parte estos de los costes del servicio que presta, “pero imputándolos al precio final”.

“Lo que no se puede es repercutir parte de dichos costes operacionales bajo el concepto de “gastos de gestión cuando la adquisición online de una entrada es un proceso automático y autónomo en el que no hay nada que gestionar”, apostilló.

LEGISLACIÓN

En este contexto, recordó que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha emitido una nota en la que “deja claro” cuáles son los requisitos que deben de cumplir, en caso de existir, los recargos o costes adicionales durante la adquisición de entradas para espectáculos públicos.

A este respecto, puntualizó que, según recoge el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, dichos gastos deben referirse exclusivamente a servicios que reciban los consumidores, ya que deben estar incluidos en el precio final que se muestra.

En el caso de que los costes no estén correctamente reflejados en la información facilitada, el consumidor no tendrá la obligación de abonar dichos gastos o costes. Además, para un mismo evento o espectáculo, los costes adicionales no pueden variar en función del precio de la entrada, ni ser un tanto por ciento del precio de la misma.

“De este modo, y atendiendo a la normativa de consumo actual, los asistentes al festival Madrid Salvaje tendrían derecho a no pagar ese cargo adicional en concepto de gastos de gestión”, aseveró.

CLÁUSULA ABUSIVA

Facua consideró que esta imposición es una cláusula abusiva, tal y como queda recogido en los artículos 85, 87 y 89 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y el artículo 50 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid.

Por todo ello, la asociación ha pedido a la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios que abra un expediente sancionador a la promotora del festival Madrid Salvaje por “vulnerar” la normativa vigente en materia de defensa de derechos de los consumidores y usuarios y que inste a la empresa a devolver los importes cobrados como “gastos de gestión” a las miles de personas que han adquirido el abono o la entrada para asistir al evento.