Así lo anunció este martes su secretario general, Rubén Sánchez, en una rueda de prensa en la que explicó que la asociación ha realizado un análisis sobre las prácticas de 19 aerolíneas que operan en España y que siete de ellas aplican estos recargos “ilegales”.

Las otras cuatro son Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, que, recordó Facua, acaban de ser objeto de una multa de más de 150 millones por parte de la Secretaría General de Consumo del ministerio de Pablo Bustinduy.

Por lo que respecta a las nuevas aerolíneas denunciadas, Facua ha podido comprobar que Wizz Air, en su tarifa Basic, únicamente permite el transporte de un bulto pequeño de 40x30x20 centímetros, unas medidas, dijo, “notoriamente inferiores a las de un equipaje de mano”.

“Por ello, los usuarios se ven obligados a pagar un extra por su equipaje o a elegir alguna de las otras tarifas más caras (Wizz Smart, Wizz Go y Wizz Plus) que sí permiten un bulto de hasta 10 kilos, con el consecuente incremento del coste del billete que ello conlleva”, abundó.

RESTO DE AEROLÍNEAS

A su entender, lo mismo ocurre con Transavia, cuya tarifa Basic no permite al pasajero llevar consigo un equipaje de mano, solamente un bulto de 40x30x20 centímetros.

“Por ello, se ve obligado a elegir las tarifas superiores (Plus o Max) para poder viajar con su maleta de hasta 10 kilos, o pagar un extra para cada trayecto”, agregó.

En el caso de Eurowings, su tarifa Basic sólo permite llevar consigo un equipaje de mano pequeño de 40x30x25 centímetros. Es necesario contratar las tarifas Smart o BIZclass para poder llevar lo que esta aerolínea denomina como equipaje de mano grande (hasta 8 kilos de peso) o pagar un extra por ello.

PRÁCTICA ABUSIVA

La asociación considera “abusiva” la práctica que están aplicando Wizz Air, Transavia y Eurowings, ya que “incumple” la Ley de Navegación Aérea donde se establece que “el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo“. Sólo contempla como excepciones “razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto en relación con las características de la aeronave”.

De igual forma, explicó que el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que sea aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge como cláusulas abusivas todas aquellas “estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y las partes que se deriven del contrato“, así como aquellas que “limiten los derechos del consumidor y usuario“, “determinen la falta de reciprocidad en el contrato” y “resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato“, entre otras.

A su vez, hizo hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió en su sentencia de 18 de septiembre de 2014 (asunto C-487/12) que el “equipaje debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables“.

Por todo ello, Facua pide al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que, al igual que ha hecho con Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, “abra expedientes sancionadores a Wizz Air, Transavia y Eurowings por cobrar a los pasajeros por llevar equipaje de mano”.

Facua ha constituido una plataforma de afectados para ayudar a los usuarios víctimas de estas prácticas a reclamar su dinero, a la que pueden unirse en la web FACUA.org/aerofraudes. La asociación está trabajando ya en la primera batería de demandas judiciales para que sus socios exijan la devolución de los cargos extra en los tribunales mediante procedimientos en los que puede acudirse sin abogado ni procurador.