Estas empresas, agrupadas en torno a la Business Software Allianz (BSA) e integradas en la patronal SEDISI, presentarán la semana que viene una iniciativa denominada Plan Nacional de Auditoría de Programas de Ordenador.

Con ella, se pretende ofrecer a las empresas, sobre todo las de pequeño y mediano tamaño, "una últimaoportunidad" para que regularicen su situación informática.

Tanto BSA como Sedisi destinan importantes cantidades de dinero a perseguir un fraude que sitúa a España entre los países con un mayor nivel de piratería, el 65% de los programas de ordenador, lo que origina unas pérdidas millonarias para el sector.

Estas organizaciones utilizan servicios de investigación privada, cuyos resultados ponen después a disposición de la justicia y las fuerzas de seguridad, aprovechando que las nuevas leyes sobe protección de la propiedad intelectual permiten aplicar severas condenas y multas.

Según BSA, con la actual legislación, los responsables de "pymes" españolas pueden ser castigados con penas de hasta 4 años de cárcel, multas de hasta 36 millones de pesetas, e inhabilitación para ejercer la profesión.