En declaraciones a Servimedia, Fernández Laguilhoat aseguró que las noticias aparecidas en algunos medios de comunicación acerca de la buena salud del sector y de lo poco que los fabricantes de coches están recurriendo a los expedientes de regulación de empleo son "de un optimismo exagerado".

Según Fernández Laguilhoat, los fabrcantes sólo acuden a los expedientes de regulación de empleo en última instancia, ya que estos expedientes cuestan mucho dinero a las empresas. No obsntante, indicó que cuando la atonía del mercado obliga a bajar la producción es necesario recurrir a las regulaciones de empleo.

Indicó que esta situación de atonía es la que viven actualmente las empresas fabricantes. Según Fernández Laguilhoat, el pasado mes de junio la producción de turismos y derivados descendió un 10-12% respecto al mismo mes de 199, mientras que la de furgonetas lo hizo un 25% y la de tractocamiones más de un 43%.

Esto, a juicio del responsable de la patronal de fabricantes de vehículos Anfac, "es la prueba de que los mercados, tanto interior como exteriores, no se recuperan".

En estas circunstancias, a su juicio, "nada tranquilizadoras", señaló que "preocupa enormemente" al sector que el Gobierno pueda adoptar determinadas medidas que agraven la situación, como la subida de la fiscalidad sobre los carburantes, el establecmiento de peajes por el uso de infraestructuras o el posible traspaso a las autonomías del actual impuesto de matriculación.

Fernández Laguilhoat señaló que los fabricantes son "manifiestamente contrarios" a traspasar el impuesto de matriculación a las comunidades autónomas, y recordó que "lo que tiene que hacer el Gobierno no es traspasar, sino eliminar este impuesto", cumpliendo el compromiso que adquirió en su programa electoral.

Según el director general de Anfac, si el traspaso de este impueto es completo, poniendo en manos de las autonomías la facultad legislativa, "se pone en serio peligro la unidad del mercado español, lo que iría en contra de los objetivos comunitarios".

En el supuesto de que el traspaso fuese limitado, es decir, si sólo se otorgara a las comunidades autónomas la facultad recaudatoria, Fernández Laguilhoat está seguro de que el día que el Gobierno se plantee rebajar o eliminar el impuesto "tropezará con dificultades enormes para poder hacerlo".