Irigoyen se refirió de este modo, en un comunicado, a la posibilidad de que el CGPJ suspenda cautelarmente de sus funciones a los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Ruth Alonso, Edorta Josu Herrera y Nekane San Miguel.

La Fiscalía interpuso una querella contra estos jueces por presunta prevaricación al dictar una sentencia por violencia doméstica. Alonso fue objeto de polémica por la concesión e beneficios penitenciarios a terroristas de ETA, cuando era juez de Vigilancia Penitenciaria.

IU-EB denuncia que la Fiscalía podía haber recurrido la sentencia para subsanar el error cometido por los magistrados, pero prefirió, "de forma premeditada, dejar pasar el plazo para después querellarse contra ellos y que fueran apartados de sus cargos".

A su juicio, es "una operación política urdida desde el Ministerio de José María Michavila con el objetivo de dar un castigo ejemplar a los jueces que o se pliegan a sus dictados y mandar un aviso a navegantes al resto de miembros de la Judicatura que siguen siendo independientes".

"El PP no quiere una justicia imparcial, quiere una justicia sometida a sus intereses políticos y ha pretendido hacer pagar a Alonso su independencia y aplicación rigurosa de la ley durante su etapa al frente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en la que excarceló a presos de ETA que habían cumplido sus condenas", añadió.