En declaraciones a Servimedia, el consejero de Obras Públicas y Transportes de la Junta, Javier Corominas, afirmó que el objetivo de esta normativa es "conseguir que se garantice la movilidad de todas las personas en las ciudades, para que éstas sean más habitables".

"Hay que poner en marcha los mecanismos necesarios para que, en un plazo de diez años, tanto los edificios públicos como todo el entorno urbano sa accesible para todas las personas con dificultad de movilidad".

Corominas señaló que el problema de los movimientos de los ciudadanos no solamente afecta a las personas con discapacidad sino que es del conjunto de los ciudadanos, por ello, dijo, "hemos pretendido superar el concepto de barreras arquitectónicas y sustituirlo por el de accesibilidad. Hay que pensar en ancianos, enfermos o cualquier persona que tiene dificultades motoras".

En la Comisión, que preside el consejero de Obras Públicasy Transportes, Javier Corominas, están representadas distintas asociaciones de minusválidos, sordos, colegios de ingenieros y arquiectos, así como la Once, entre otros.

ELIMINACION DE BARRERAS

El reglamento establece las características técnicas, de dimensiones y magnitudes, de los diversos elementos que intervienen en la configuración y utilización del entorno urbano, la edificación y los medios de transportes, tales como ascensores, portales, aceras, parques, aparcamientos, etc.

Así, se estabece, entre otras medidas, que todos los edificios con más de una planta tienen que tener ascensor, los portales deben responder a criterios de accesibilidad, y cada 25 estacionamientos tiene que haber un aparcamiento reservado para minusválidos.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes ha establecido un plazo de un año para estudiar el número de ayuntamientos que vayan a formar parte en este proyecto de accesibilidad y poder prever las necesidades de fondos para el presupuesto de 1999.

"A patir del presupuesto para el año 1999 estableceremos un fondo de apoyo de subvenciones para poner en marcha estas actuaciones, aunque la financiación correrá a cargo fundamentalmente de propietarios, promotores, constructores y de los ayuntamientos, que tendrán que adaptarse a las leyes de accesibilidad", concluyó.