Moreno dijo a Servimedia que era "obvio" que el Gobierno tenía que tomar la decisión de consultar al Poder Judicial porque se trata de una ley que afecta aderechos fundamentales y libertades públicas y requiere necesariamente de este dictamen.

"Esa obviedad nos lleva a un rasgo de optimismo", añadió, "porque tal y como ha manifestado en algunas ocasiones alguno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, parece evidente que el contenido del proyecto de ley, tal y como ya ha manifestado Sos Racismo, es no solamente inconstitucional, sino que puede incluso vulnerar tratados internacionales e incluso resoluciones de las Naciones Unidas en alguos casos".

Por tanto, consideró positivo que el CGPJ dé su opinión y precisó que el máximo órgano de gobierno de los jueces "tendrá que hacer hincapié en aquellas vulneraciones flagrantes de determinados derechos fundamentales y libertades públicas que ya han sido denunciadas".

"Imaginamos que será un elemento positivo en el sentido de impedir determinadas aberraciones jurídicas que están contempladas en esta ley", subrayó el portavoz de Sos Racismo, quien atribuyó la prisa del Gobierno a su arencia de una política de inmigración.