En declaraciones a Servimedia, Moreno dijo que no se entiende bien que para una ley que entró en vigor el pasado 2 de febrero se haya establecido una fecha de corte en el 1 de junio de 1999. En este sentido, recordó que al fijar un fecha de referencia para poder acceder a la regularización se creó una "bolsa de inmigración irregular causadapor la falta de realismo de la Administración".

Tras subrayar que el proceso de regularización fijado en la Ley de Extranjería "ya nació viciado", Moreno advirtió de que ahora, una vez que ha finalizado el plazo para efectuar los correspondientes trámites, se producirá una situación "complicada" para aquellos inmigrantes que se encuentren en situación de "ilegalidad" porque "no hay un mecanismo automático de regularización".

Afirmó que los inmigrantes "ilegales" tendrán que remitirse al proces ordinario de regularización que marca la Ley de Extranjería vigente, que exige la acreditación de dos años de estancia en España con "empadronamiento y medios de vida".

No obstante, Moreno admitió que el proceso ha sido positivo porque "se ha desarrollado con absoluta normalidad, fruto del diálogo y la coordinación entre la Administración y la sociedad civil".

"Este tipo de actuaciones administrativas con unidad de acción", añadió, "originan procesos constructivos que facilitan la integració social de los inmigrantes",al contrario de lo que ocurre con "las políticas actuales que plantea el Gobierno de modificación unilateral de la ley" cuya reforma "va a discriminar mucho más claramente a los extranjeros regulares de los irregulares, y va a vulnerar el ejercicio de determinados derechos fundamentales".