Durante la reunión de ayer de la ponencia que estudio esta reforma, todos los grupos parlamentarios mostraron su voluntad de que la futua Ley de Extranjería recupere el consenso que perdió al ser aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 23 de noviembre.

Tanto PSOE como CiU y CC piden en sus enmiendas que los inmigrantes irregulares disfruten del ejercicio de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga. Esta cuestión es el gran escollo de la reforma, ya que el Gobierno en su texto señala que sólo disfrutarán estos derechos aquellos inmigrantes que obtengan un permiso de estancia o residencia.

Otras cuestiones que están pendientes de solucionar en el Senado son la expulsión de los inmigrantes irregulares en 48 horas, independientemente del tiempo que lleven en España; la regularización de extranjeros irregulares que se encuentran en España antes del 31 de julio de 2000 y los años para obtener el permiso de residencia permanente (actualmente son 2 años y se elevan a 5 años).