A primera hora de la mañana, coincidiendo con el debate, apenas una veintea de representantes de la Plataforma por la Convivencia trataron de repartir manifiestos contra la reforma de la ley a los diputados y transeúntes que pasaban por las cercanías del Congreso. Los efectivos de la Policía Nacional les desplazaron desde la verja de la entrada principal de la Cámara hasta un pequeño parque situado en la Plaza de las Cortes.

Al igual que ya hicieran los concentrados, Caldera consideró que los miembros de esta plataforma fueron tratados de una forma "inadecuada", incluso "co cierta violencia", impidiendo que desarrollaran una actividad pacífica y que no trataba de condicionar en modo alguno el trabajo de los parlamentarios.

"Esto, como le he dicho al señor Mayor Oreja, significa que todavía el Gobierno considera que el reto de la inmigración tiene más que ver con soluciones de orden público que con políticas integrales que ayuden a evitar la xenofobia y el rechazo y que favorezcan la integración de los inmigrantes", explicó.

"Espero que no vuelva a ocurrir, porque n ayuda para nada a crear un clima favorable al pacto de Estado en materia de inmigración", añadió Caldera.

Tanto Caldera como la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, y el portavoz de Izquierda Unida Felipe Alcaraz trataron de convencer a los miembros de la Policía Nacional de que el objetivo de los concentrados no era manifestarse de modo violento, sino sólo repartir un escrito.

En ese momento, la diputada socialista Delia Blanco sufrió "un amago de retenció", según explicó Caldera, que juzgó "inaceptable" semejante trato de la Policía con un representante de los ciudadanos, y más a las puertas del Parlamento.