En rueda de prensa, Caldera se refirió a "un gran pacto político y moral acerca del problema de la inmigración, qu lo resuelva de manera integral, puesto que hablamos de seres humanos que no suponen una amenaza".

El portavoz socialista adelantó que esta cuestión no será excusa para un enfrentamiento político con el Gobierno, e insistió en la necesidad de que se alcance un consenso adecuado y se cree un clima de diálogo y encuentro para su resolución.

Sin embargo, Caldera fue firme al reclamar por parte del Gobierno la paralización del actual proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. "Le pido al Gobieno", dijo, "que no modifique la actual y que permita un espacio para el diálogo en poco tiempo; que no lleve al Consejo de Ministros de este viernes la reforma del texto legal porque esta es una norma aprobada con un amplio consenso y porque el CGPJ le pide al Gobierno que espere a conocer el conjunto de efectos de esta ley".

Caldera desveló que su grupo ha creado una comisión de trabajo para concretar su oferta sobre esta materia, cuyas conclusiones dará a conocer al Gobierno, comunidades autónomas ayuntamientos y agentes sociales en el plazo de mes y medio.

Explicó el dirigente socialista que la inmigración debe de ser ordenada en origen, mediante el establecimiento de los oportunos convenios con los países de donde procede la población inmigrante que permita un control adecuado de dichos flujos.

El PSOE apuesta por fortalecer la cooperación al desarrollo; establecer un plan de coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales, que cuente con la financiación suficient para la aplicación de las políticas de integración de los inmigrantes; incrementar los gastos sociales; mejorar el control de las fronteras y endurecer las penas contra las redes de tráfico de personas.

En relación con la situación de los inmigrantes, entre 50.000 y 80.000 que se estima que no podrán regularizar su situación en España en el marco del actual proceso, comentó que la propia ley establece mecanismos que permitan, cuando menos, evitar su inmediata expulsión.

Destacó Caldera que, e producirse esa expulsión administrativa, "ello chocaría frontalmete con la necesidad que expresan los empresarios de falta de mano de obra en determinados empleos".

En último lugar, preguntado por el traspaso de las últimas competencias en materia de inmigración, el pasado viernes, desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al de Interior, enjuició que ha sido una medida "precipitada".

Agregó que, de este modo, loque hace el Gobierno es subrayar "su línea dogmática de contemplación dl problema de la inmigración sólo como un fenómeno de seguridad y no con una dimensión moral y de desarrollo de políticas de integración del inmigrante".