En declaraciones a la Ser, Caldera manifestó su pesar por la decisión del Gobierno de aprobar hoy -en el Consejo de Ministros- el proyecto de ley de reforma de la vigente normativa, sin atender a su petición para alcanzar previamenteun acuerdo consensuado sobre la materia con el resto de partidos políticos, comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales.

"No queremos hacer política en los tribunales", dijo Caldera, "pero es verdad que depende de las modificaciones que hoy apruebe el Gobierno". "El CGPJ, que es un poder del Estado, le ha pedido al Gobierno que espere un tiempo a ver los efectos de la aplicación de esta ley".

"Incluso", agregó, "Fernández-Miranda (delegado del Gobierno para la Inmigración) nos ha dich que el proceso de regularización ha sido ejemplar. Pues si así ha sido, será porque la ley es ejemplar y no hace falta modificarla tan rápidamente".

Sobre este particular, adelantó que "si, como nos tememos, la ley elimina o rebaja la tutela efectiva en el ejercicio de los derechos de los inmigrantes, entonces sí que quedará abierta la posibilidad de un futuro recurso ante el Tribunal Constitucional, pero en principio quiero pensar que aceptará nuestra propuesta de diálogo".

Caldera afirmó que "o vamos a renunciar a un consenso sobre la materia, aunque lamento el comportamiento del Gobierno. Este problema va más mucho más allá que el problema de la ley y tiene aspectos no sólo políticos, sino morales. Hablamos de seres humanos que abandonan sus países buscando un lugar donde encauzar su vida en mejores condiciones"

En este sentido, recalcó que "lo que hemos pedido (al Gobierno) es un pequeño periodo de tiempo que permita abrir un espacio para el diálogo, nada más, porque renunciamos a utilizr la inmigración con un arma arrojadiza de desgaste político".