Esta dura advertencia de Caldera a quien fuera dirigente del PSOE llegó en la rueda de prensa ofrecida después de que l Grupo Parlamentario Socialista formalizara la presentación de un recurso, apurando el plazo para hacerlo.

Caldera enfatizó el respeto del PSOE a la autonomía del Defensor del Pueblo y rechazó que los socialistas puedan llegar a pedir su dimisión, pero recordó que nunca antes esta institución había recibido tantas peticiones para actuar. "Si no escucha a centenares de organizaciones que representan intereses populares, podría quedar en entredicho su función", dijo.

"Yo respeto lo que decida, per no recuerdo ni una sola norma que haya suscitado tantísimas peticiones al Defensor del Pueblo. A mí eso me haría reflexionar", comentó.

Más incisivo fue el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Diego López Garrido. En su opinión, Múgica no tiene sólo el derecho de presentar ese recurso si lo considera necesario, sino que en él recae una potestad que debe ejercer si cree que la ley vulnera la Carta Magna.

En consecuencia, tanto López Garrido como Caldera sugirieron que el Defensor de Pueblo debería demostrar la constitucionalidad de la ley a quienes le reclaman el recurso, si finalmente no lo presenta.

NO CONFRONTACION

El recurso del Grupo Parlamentario Socialista se dirige contra los artículos 7.1, 8, 11.1, 11.2 y 22.2 de la ley, que, a su juicio, vulneran los derechos fundamentales consagrados en los artículos 21, 22, 24 y 28 de la Constitución.

Caldera, López Garrido y la secretaria de Políticas Sociales e Inmigración del PSOE, Consuelo Rumí, inssitieron en que el Ejecuivo puede limitar y restringir estos derechos, pero no "eliminarlos" para una categoría completa de ciudadanos.

A pesar de la presentación de este recurso, los dirigentes socialistas dejaron clara su voluntad de negociar con el Gobierno fórmulas que permitan solventar la situación de los inmigrantes irregulares que ya están en España antes de que el Constitucional se pronuncie.

Como prueba de ello, Caldera anunció la presentación en el Congreso de sendas proposiciones de ley para modificar los prceptos recurridos de la Ley de Extranjería y la norma que regula el derecho de reunión.

A ellas seguirá una proposición no de ley para crear una comisión de expertos que en un plazo de tiempo razonable, entre seis y diez meses, redacte unas líneas básicas para la política de inmigración en España.

Caldera rechazó además las acusaciones de contradicción vertidas desde el PP, y contraatacó asegurando que en el seno del partido del Gobierno no existe una postura unánime. Prueba de ello, añadió, es l Carta de Derechos de los inmigrantes redactada por el Foro Regional de la Inmigración de la Comunidad de Madrid.

Finalmente, se refirió al anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, de no pedir la documentación a los extranjeros que residan en esta comunidad. Simplemente, dijo, "va a hacer lo mismo que hace el Gobierno", ya que la Ley de Extranjería "no se puede cumplir".