Los senadores acordaron en la reunión dejar para la Comisión Constitucional del próximo jueves y para el pleno de esta Cámara del día 14 la discusión de las 180 enmiendas que se han presentado al texto.

Tanto la senadora del PP Rosa Vindel como el senador socialista Juan Alberto Belloch coincidieron en sñalar a un grupo de periodistas la intención de todos los partidos por intentar que esta reforma recupere el consenso que perdió en su aprobación en el Congreso, donde PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto votaron en contra.

En este sentido, Vindel recordó que se han presentado tres vetos a la totalidad del proyecto y 180 enmiendas, y añadió que "estamos trabajando contra el calendario, porque sólo tenemos dos semanas para tramitar y aprobar la ley".

"La voluntad de consenso es total, la voluntad de llegara entendimientos en aquello que nos separa también es total, y nos hemos dado de plazo para ello hasta el debate del pleno", afirmó.

Según dijo, el PP estudiará alcanzar acuerdos en aquellos puntos más conflictivos del texto, como son reconocer el ejercicio de los derechos de reunión, sindicación, asociación, manifestación y huelga a los inmigrantes irregulares, la expulsión de irregulares en 48 horas, la obtención de residencia permanente y la ampliación del plazo de regularización.

Por su parte Belloch aseguró que el PSOE "ha manifestado que es imprescindible llegar a ese consenso, porque una ley de esta naturaleza que saliera sin los votos del principal partido de la oposición tendría un problema serio y eso sí que produciría un efecto llamada. Lo que puede producir un efecto llamada es una ley insegura".

El senador socialista también dijo, al igual que la del PP, que el PSOE intentará llegar a acuerdos con el Gobierno sobre esta reforma "hasta el último minuto, hasta el pleno de la próxim semana".

Sobre el reconocimiento del ejercicio de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga a los extranjeros irregulares, Belloch señaló que "no es posible excluir de estos derechos a una categoría global de ciudadanos, porque es contrario a la Constitución y al Convenio Europeo de Derechos Humanos".

A reglón seguido, anunció que el PSOE propondrá al Gobierno un texto en el que los límites al disfrute de este derecho para todos, tanto nacionales como extranjeros, ean los estipulados en el artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, cuando hace referencia a situaciones de seguridad ciudadana e interés nacional.