En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Senado, donde hoy se reúne la Comisión Constitucional para debatir las enmiendas al proyecto legislativo, el portavoz popularconfirmó que su grupo y CiU alcanzaron anoche un acuerdo en relación al paquete de enmiendas que había presentado.

El acuerdo establece la inclusión de 35 enmiendas transaccionales de CiU, el visto bueno de este grupo a distintas enmiendas populares y, por último, la retirada de otro volumen de enmiendas del PP, aún no precisado.

González Pons manifestó su esperanza en lograr que el resto de grupos parlamentarios se sumen al acuerdo inicialmente adoptado entre su grupo y CiU. En este sentido, se efirió a una de sus enmiendas cuyo debate y votación se aplazará hasta la celebación del pleno de la Cámara Alta "con el fin de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria y transaccionar la enmienda que queda viva de este grupo", apuntó.

El portavoz popular enjuició que con el acuerdo con CiU "hemos conseguido que el trámite en el Senado sea un trámite real y no ficticio, que se haya trabajado intensamente en la ley de extranjería, así como demostrar que hemos sido capaces de generar un debate social sbre esta ley que no se había generado con anterioridad".

ACUERDOS

En relación con el acuerdo alcanzado entre el PP y el Grupo Catalán, señaló, de principio, la oposición popular a la distinción que se establecía en el proyecto de ley consensuado en el Congreso entre residentes en condiciones de legalidad y residentes en condiciones de ilegalidad.

González Pons comentó que, al respecto, "nos parecía preocupante que en el texto de la ley se estableciera una diferenciación entre residentes de ambo tipos, pero que después se atribuyeran los mismos derechos y condiciones a unos y a otros. Yo decía que el problema radicaba en que se desencentivaba la obtención de la condición de residente legal y que al mismo tiempo se producía un 'efecto llamada'".

En este sentido, el acuerdo "matiza mucho" esa atribución de derechos, de tal manera que el derecho, por ejemplo, a la sanidad o la educación "se atribuyen clarísimamente (a todos los inmigrantes) con independencia de su condición o de su situación leal o ilegal".

Asimismo, respecto a otros derechos, "se anudan directamente a la condición de residente legal para que la misma sea atractiva y que se cumpla la aspiración del Gobierno de que todos los residentes tengan la condición de legales".

Otro de los acuerdos PP-CiU se refiere a la obtención de visados. En el texto primero, las causas de denegación estaban tasadas, lo que supondría que todas las denegaciones serían recurridas en contencioso-administrativo, trasladando a los jueces, de este odo, la capacidad de decisión sobre la denegación de visados, en perjuicio de la Administración Pública.

El PP temía que el Gobierno perdiera, de esta forma, su capacidad de control sobre los flujos migratorios, al tiempo que se saturarían los tribunales de lo contencioso-administrativo.

En este sentido, González Pons explicó que "una enmienda transaccional de CiU encuentra una feliz solución en la remisión a la ley de procedimiento administrativo, de tal manera que con una solución intermedia cremos que hemos resuelto este problema".

Por último, se refirió a la adquisición de la condición de residente para aquellos extranjeros que estaban en España un tiempo determinado. En opinión del PP, las condiciones fijadas en el Congreso "eran demasiado favorables para la actuación de mafias, por lo que las endurecíamos en el Senado". El acuerdo con CiU "ha hecho que rebajemos nuestras exigencias al respecto, tras entender sus razones".