José Antonio Moreno, portavoz de SOS Racismo, declaró hoy a Servimedia que "el PP y el Gobierno están jugando con dos barajas en el trámite de la reforma de la Ley de Extranjería. Mientras que el Grupo Parlamentario Popular da la impresión de que está interesado en alcanzar el consenso, el Gobierno es contrario a cualquier reforma que garantice la integración de los inmigrantes".

Para Moreno, "poner como excusa el alto coste que puede tener la integración de lo inmigrantes en el sistema sanitario y en el educativo es una falacia, porque si se regulariza su situación, tal y como se propone en la reforma, los inmigrantes cotizarán a la Seguridad Social y contribuirán a Hacienda".

Esta opinión es compartida por el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, Juan Serraller, quien manifestó a esta agencia que la ampliación de la cobertura sanitaria a todos los extranjeros tendría un coste no superior a los 3.000 millones de pesetas, cantidad "perfectamenteasumible".

Serraller acusó al Gobierno de intentar bloquear la tramitación de la nueva ley para impedir que se apruebe esta legislatura, por lo que exigió al Ejecutivo que dilate los trámites.

INSOLIDARIDAD

A juicio de Pepe Mejía, portavoz de la Plataforma 0,7%, "el Gobierno de José María Aznar vuelve a demostrar, una vez más, una actitud cicatera respecto a los colectivos más desfavorecidos".

Mejía dijo a Servimedia que el Ejecutivo "está mostrando su cara más insolidaria en relación con a inmigración. Su prioridad no es el bienestar social, sino aumentar el beneficio de las empresas".

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) calificó de "muy grave" la postura del Ejecutivo, al que acusó de poner "los palos en la rueda de una reforma -de la Ley de Extranjería- que ha provocado gran ilusión dentro del colectivo de inmigrantes".

Atime atribuyó el cambio de actitud del Gobierno a los acuerdos adoptados en la cumbre de Tampere, ya que a juiio de esta organización la reunión de jefes de Estado sólo sirvió para ratificar una política migratoria basada exclusivamente en el control policial, "otorgando a España el papel de gendarme" de la UE.