La reforma de la ley de extranjería afectará especialmente a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación, ya que impone sanciones a los empresarios que los contraten y amplía las penas para las mafias que organizan su entrada ilegal. Para el EIRO, estas medidas recortan los derechos de los inmigrantes ya que aumentan la "discrecionalidad de la administración" al controlar lo flujos migratorios y hace más duro el mecanismo de regularización permanente.

La nueva situación, prosigue el EIRO, restringe además los derechos de reunión, asociación, participación pública, sindicación y huelga de los inmigrantes regulares.

El EIRO, que es un proyecto de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, destaca además que el Partido Popular haya sacado adelante la reforma apoyándose en su mayoría absoluta, a pesar del "rechazo del resto de grupos palamentarios, sindicatos, asociaciones de inmigrantes y entidades" y afirma que la nueva norma constituye un retorno a una política "que criminaliza al inmigrante en situación irregular y favorece su marginación".