El informe del CPGJ es preceptivo, pero no vinculante. Sin embargo, el pasado día 6 el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley sin haber consultado al Poder

Judicial.

Fernández-Miranda manifestó hoy, tras reunirse con el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que el Ejecutivo consideró entonces que no era necesaria la consulta, ya que ésta se debe hacer cuando se trata de "norma procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales".

Sin embargo, el CGPJ no opina igual, y decidió el pasado miércoles dirigirse a José María Aznar para advertirle que el Consejo de Ministros remitió la reforma de la Ley de Extranjería al Parlamento sin el informe preceptivo de este organismo.

Según el delegado del Gobierno, aunque el Ejecutivo cree que la consulta no era obligada, ante esta peticón optó el viernes por enviar el texto al CGPJ, decisión que se concretó hoy con la remisión de la reforma a este organismo.

Fernández-Miranda señaló que la decisión del Consejo de Ministros le parece "correcta", porque cuantas más opiniones y sugerencias reciba el Gobierno más fácil será elaborar un buen texto y conseguir el consenso que propugna el Ejecutivo.

OTRA VEZ ANTEPROYECTO

Sin embargo, la decisión del Gobierno provoca una situación inusual, ya que el texto, que hace diez días se cnvirtió en proyecto de ley al ser aprobado por el Consejo de Ministros, vuelve a ser anteproyecto de ley, se paraliza su remisión a las Cortes y deberá ser aprobado de nuevo por el Ejecutivo.

El Ejecutivo ha pedido al CGPJ que remita su informe por la vía de urgencia, por lo que deberá enviarlo en un plazo de quince días. Fernández-Miranda indicó que el Consejo de Ministros podría aprobar el nuevo proyecto de ley en la primera reunión que mantenga tras las vacaciones de verano, para que el Parlament inicie su debate antes de que comience la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2001.

Aunque el informe del CGPJ no es vinculante, el delegado del Gobierno aseguró que analizarán y valorarán sus aportaciones, por lo que se podrían introducir modificaciones en el texto que el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 7.

Por su parte, Enrique Múgica, a quien Fernández-Miranda expuso las líneas fundamentales de la reforma, eludió pronunciarse sobre el texto que propone el Gobirno hasta que el Parlamento lo apruebe, para evitar interferir en el debate político.

No obstante, Múgica recordó que el Defensor del Pueblo tiene la posibilidad de presentar recurso de inconstitucionalidad contra el la ley que se apruebe si considera que alguno de los preceptos vulnera la Carta Magna.

Respecto al proceso de regularización de inmigrantes, que concluye el próximo día 31, Fernández-Miranda expuso que se han presentado 180.000 solicitudes, de las cuales el Gobierno ha resuelto e 50 por ciento, la inmesa mayoría, un 90 por ciento, de forma positiva para el solicitante.