El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, declaó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la reforma de la ley actual es "inaplazable" y aseguró que la modificación se basa en motivos democráticos y éticos.

Mayor insistió en la necesidad de reformar la ley para adaptarla a los criterios y políticas de la UE en materia de inmigración y, en concreto, al contenido del Tratado de Amsterdam.

El texto concreta qué inmigrantes pueden estar en España en situación "legal" y recorta sustancialmente los derechos del resto, que s consideran en situación irregular.

En este sentido, el ministro dijo que el proyecto de ley sólo introduce dos modificaciones en el borrador que presentó hace unos días el Gobierno. Las novedades consisten en que se amplían derechos como los de reunión y asociación, que en borrador recaían en los residentes, a temporeros, turistas y estudiantes, y el derecho a la tutela judicial efectiva a los extranjeros que residen fuera de España cuando lo requieran los trámites administrativos que emprendan.

Los extranjeros que estén en España "sin papeles" sólo tendrán derecho a la asistencia sanitaria y a la educación en edad obligatoria, además de la tutela judicial efectiva.

La asistencia jurídica será gratuita en los procedimientos de expulsión. En aquellos casos en los que el inmigrante haya presentado solicitud de asilo, la expulsión no se podrá decretar sin una resolución previa de asilo.

REAGRUPAMIENTO FAMILIAR

Respecto al reagrupamiento familiar, sólo podrán solicitarlo los residetes. En la ley actual también se permite a los familiares que viven fuera de España plantear el requerimiento. Además, sólo podrá extenderse a los cónyuges y a los ascedendientes y descendientes más directos del extranjero, cuando la normativa vigente lo extiende a cualquier familiar.

Asimismo, el proyecto de ley aumenta la potestad de la Administración en la concesión de visados, aunque Mayor Oreja dijo que su concesión "es discrecional, pero no siempre".

Sin embargo, la Administración sólo eberá motivar la denegación del visado cuando se solicite para familiares del inmigrante que residen fuera de España y cuando el solicitante disponga de contrato de trabajo.

Los inmigrantes que acrediten cinco años de estancia continuada en España podrán obtener la regularización permanente. En la ley actual el plazo es de dos años.

MAFIAS

El ministro del Interior dijo que el objetivo de la reforma es endurecer las sanciones y medidas contra las mafias que trafican con inmigrantes.

E este apartado, el proyecto de ley permite la expulsión de España de los empresarios extranjeros que empleen a inmigrantes sin contrato y en situación irregular e impone multas de hasta diez millones a los empresarios españoles que secunden esta práctica.

Mayor insistió en sus críticas a la actual ley, ya que mantuvo que la modificación de la normativa "trata de introducir más orden y más sentido común a la hora de regular los derechos y libertades de los inmigrantes".

Volvió a expresar su covencimiento de que la Ley de Extranjería ha tenido un "efecto llamada" que ha provocado un aumento de la afluencia de inmigrantes a las costas españolas.

Según los datos que facilitó, en los primeros meses de 2000 el número de embarcaciones detectadas aumentó un cien por cien respecto al mismo periodo de 1999, pasando de 160 a 287, y el de ocupantes en un cuatrocientos por ciento, pasando de 809 en 1999 a 4.057 en el año 2000.

Sólo en Canarias, el ministro señaló que este año se han detectado82 embarcaciones que trasladaban de forma irregular a 1.005 extranjeros, mientras que durante todo el año pasado fueron interceptadas 75 con 875 ocupantes.