La nota explica que esta institución ha realizado un detenido estudio de todas y cada una de las más 700 peticiones para que el Defensor del Pueblo presentara un recurso de inconstitucionalidada diversos artículos de la Ley Orgánica 8/2000 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración.

Añade que ese estudio se ha realizado "tanto de aquéllas que sólo solicitaban, sin argumentarlo, la presentación de recurso, como de las que venían acompañadas de estudios jurídicos: CCOO, Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Colegio de Abogados de Barcelona y Comisión Española de Ayuda de Refugiado (CEAR)".

"Igualmente el Defensor del Pueblo ha estudiado los dictámenes del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley; el del Consejo General del Poder Judicial, así como los elaborados por cuatro catedráticos de Derecho Constitucional, a los que el Defensor del Pueblo consideró conveniente consultar, ante una decisión de tanta trascendencia. Aparte, por supuesto, de los asesoramientos de los servicios correspondientes de esta institución, que cuentan con las experiencias de 18 años en la defensa de los derechos constitucionles. Pues bien: de todos ellos se deduce que la ley es constitucional", subraya la nota.

También señala que, "además de ponderar cuidadosamente todos estos hechos, el Defensor del Pueblo ha decidido seguir el criterio de sus antecesores, según el cual esta institución no ejerce la legitimación que constitucionalmente tiene concedida, cuando ya lo han hecho otras personas o instituciones que, invocando su legitimación, presentan recursos de inconstitucionalidad".

Por otro lado, La Oficina del Defesor anuncia que Enrique Múgica ampliará esta comunicación la próxima semana en rueda de prensa.

A renglón seguido, la nota indica que "Enrique Múgica quiere añadir, desde su trayectoria política personal y su experiencia como diputado en todas las legislaturas, que ha participado en la elaboración de muchas leyes, entre otras, todas las relacionadas con la inmigración".

"Si hubiera apreciado que en alguna de esas leyes en las que intervino había algún indicio de inconstitucionalidad, lo hubiera dnunciado en su momento. Por otro parte, el Tribunal Constitucional ya se pronunció acerca de algunos puntos de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre 'Derechos y Libertades de los Extranjeros en España' -como los derechos de reunión y de asociación, que ahora son de nuevo objeto de controversia- pero mantuvo que el tratamiento dado a los inmigrantes irregulares por aquella ley era plenamente constitucional".

FLEXIBILIZAR CRITERIOS

"Además", añade la nota, "esta institución recomendó recientemete al Gobierno que flexibilizara los criterios para la legalización de los inmigrantes que estaban en situación irregular, atendiendo a razones familiares y de arraigo, así como la de tener contrato de trabajo u opción fundada al mismo, lo que supondría que los inmigrantes en dicha circunstancia podrían obtener los documentos necesarios para su residencia en España".

"Es decir", aclara el Defensor, "a situaciones de necesidad, como puede ser la salud; la existencia de familiares a su cargo; los riesgo personales a que puedan estar sometidos en su país de origen; o el hecho de estar ya integrados durante un cierto tiempo en nuestra comunidad, se les facilitara su regularización, sin necesidad de desplazarse a su país para obtener un visado. Esta recomendación ha sido aceptada para su desarrollo urgente, antes de la aprobación del reglamento de la ley".

El comunicado también recuerda que el Defensor del Pueblo ha recomendado, asimismo, la adopción de medidas para impedir la explotación laboral de lo inmigrantes, para que se les garanticen unas condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, facilitando la regularización a quienes colaboren con las autoridades, en la persecución de estos hechos.

Por otro lado, Enrique Múgica ha recomendado medidas específicas para evitar la descoordinación administrativa en todos los procesos que relacionan a los extranjeros con la Administración, y para que se respeten las garantías establecidas.

Por último, el Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno qu se mejoren las condiciones de internamiento de los extranjeros en procesos como los de rechazo o expulsión.

"Esta institución espera que el Gobierno sea sensible a dichas peticiones y confía en que los inmigrantes -auténticos protagonistas de esta situación- sigan viendo en ella el cauce adecuado para defender todos sus derechos", concluye la nota.