En este sentido, De Grandes, "reclamando la coherencia necesaria", pidió a los grupos parlamentarios llegar a un acuerdo que "permitan suprimir la extensión de derechos socioeconómicos" alos inmigrantes irregulares con mecanismos como el empadronamiento.

No obstante, el parlamentario popular precisó que las modificaciones que se introduzcan en el Senado salvaguardarán en todo caso el respeto a los derechos fundamentales y las prestaciones asistenciales de carácter humanitario, en casos de urgencia y necesidad.

De Grandes justificó la necesidad de hacer estos cambios por la integración de España en el desarrollo de una política migratoria común y por la necesidad de mantener "las edidas de control imprescindibles para posibilitar el ejercicio de nuestra propia politica, dentro de las directrices de la Unió Europea".

"LEY MESTIZA"

Los diputados de Iniciativa Per Catalunya e IU, Mercé Rivadulla y Pablo Castellano, respectivamente, criticaron al Gobierno por querer desvirtuar esta ley y por fomentar "el racismo y la xenofobia" al apelar al "efecto llamada" que provocaría la aplicación de la futura norma.

Mercé Rivadulla insistió en la necesidad de regularizar a los inmigrates 'ilegales' que llevan dos años trabajando en España y que tengan una oferta de trabajo.

Por su parte, Castellano aseguró que durante el trámite de la ley en el Congreso, IU ya ha renunciado a algunas cuestiones, como el voto municipal para los inmigrantes, por lo que advirtió que durante la tramitación en el Senado, unos 20 días por la vía de urgencia, "no vamos a permitir que vacíen de contenido la ley".

Por su parte, la diputada del PSOE Matilde Fernández aseguró que su partido luchará en e Senado por lograr un consenso en esta ley, que calificó de "mestiza", por la aportación de todos los grupos parlamentarios, y reprochó al Gobierno no haber presentado un proyecto de Ley de Extranjería.

La parlamentaria socialista insistió en la necesidad de garantizar los derechos básico y fundamentales a los inmigrantes que contribuyen al desarrollo ecónomico de nuestro país. Según dijo, los extranjeros aportan más que lo que reciben.

El diputado de Coalición Canaria Luis Mardones, por su parte anunció que retiraba las 14 enmiendas al texto, pero que en el Senado planteará algunas nuevas para que el Ejecutivo canario asuma competencias en cuestiones de residencia y trabajo de extranjeros.

Finalmente, el diputado de CiU Carles Campuzano invitó a todos los grupos parlamentarios a consensuar el texto en su trámite en el Senado y aprobar una ley que pretende la integración social y la convivencia de los inmigrantes que contribuyen al desarrollo económico de nuestro país.