Salvo el PP, todos los grupos parlamentarios con representación en el Senado han presentado enmiendas a este texto: tres a la totalidad del proyecto, y 180 a su articulado. En sus enmiendas, tanto el PSOE, como CC y CiU insisten en la necesidad de que el Gobierno reconozca el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación, sindicación, huelga y asociación a los inmigrante irregulares.

Además, el grupo socilista considera inadmisible que a un extranjero irregular se le pueda expulsar en 48 horas, independientemente del tiempo que lleve en España. Por su parte, CiU ha presentado una enmienda para que se abra un proceso extraordinacio de regularización para aquellos inmigrantes irregulares que se encuentren en España antes del 1 de agosto de 2000.

Para el próximo jueves, está convocada en el Senado la comisión Constitucional, que se encargará de dictaminar sobre este proyecto. Así, el pleno del Senado de a próxima semana dará luz verde al texto, que remitirá la ley al Congreso para su aprobación definitiva.

Sin embargo, este último trámite podría no ocurrir si el PP no acepta alguna de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, por lo que la ley pasaría directamente a publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).