"Dicho fondo será destinado a las comunidades autónomas en función del número de extranjeros que se hayan censado en su territorio en los últimos cinco años", dice la enmienda de CiU. Este grupo entiende que las CCAA son las administraciones competentes para ejecutar buena parte de las políticas de integración social de los inmigrantes en su territorio.

Este grupo ha presentado 37 enmiendas parciales, entre las que destacan las relativas al reconocimiento de derechos de los inmigrantes, tals como los derechos de reunión, de asociación, de sindicación, y el derecho a la educación infantil.

CiU propone asimismo que las autorizaciones administrativas para trabajar puedan ser expedidas, además de por el Ministerio de Trabajo, por el órgano competente de las comunidades autónomas con competencias de ejecución en materia laboral y cuyos Estatutos permiten que la legislación del Estado les reconozca competencias de ejecución en materia laboral.