En una rueda de prensa celebrada esta tarde, el portavoz del CGPJ, Benigno Varela, explicó que el Pleno acordó incluir en el texto que remitirán al Gobierno las siguientes líneas:

"No deja de producir preocupación el regreso al sistema de la ley de 1985, privando a los extranjeros en situación irregular de los derechos de asociación, reunión y manifestación, ibertad sindical y huelga, independientemente de que su regulación legal pueda incluir las restriciones que se consideren adecuadas a su ejercicio".

Varela explicó que "la ley actualmente en vigor atribuye a los extranjeros, con independencia de la regularidad de su situación en España, derchos en condiciones de igualdad con los españoles".

Sin embargo, agregó, el anteproyecto de Ley de Extranjería elaborado por el Gobierno condiciona "el disfrute de esos derechos a la legalidad de la situación" e los extranjeros en nuestro país.

El informe elaborado por la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ sobre la reforma de la Ley de Extranjería recordaba que, según el Tribunal Constitucional, "los extranjeros gozan en nuestro país, en condiciones plenamente equiparables a los españoles, de aquellos derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y que resultan imprescindibles para la garantía de la dignidad humana".

En su jornada de hoy, el Pleno del CGPJ debatió el informe elaborado por laComisión de Estudios e Informes sobre el anteproyecto de ley y lo aprobó casi en su totalidad, salvo por la advertencias antes mencionada.

Así, el Pleno del CGPJ considera, al igual que el informe debatido, que no debe desaparecer el control judicial a partir de las 72 horas de las personas que se encuentren en frontera detenidas y pendientes de la devolución a su país.

Además, el CGPJ mantiene que no se puede negar un visado sin dar explicaciones ni limitar éstas a los casos en los que el soliciante requiera renovar el permiso de trabajo o traer a la familia.

Para el Pleno es especialmente importante el hecho de que el anteproyecto de Ley de Extranjería recoja medidas para combatir el tráfico ilegal de inmigrantes. Además, aplaude que, a la hora de renovar los permisos de trabajo y de residencia, se tenga en cuenta que el solicitante esté recibiendo prestaciones asistenciales.

El informe de la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ tiene carácter preceptivo pero no es vinculante, por o que el Gobierno deberá decidir si finalmente incorpora al anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería las modificaciones propuestas por el máximo órgano de gobierno de jueces y magistrados.