El departamento que dirige Miguel Ángel Moratinos responde de esta manera a las acusaciones formuladas por parte de las familias españolas que fueron a adoptar niños al Congo, y tuvieron problemas para volver con los menores.

En el primer punto del documento, Exteriores dice que la vuelta de estas familias "ha sido posible gracias a la labor desarrollada por un enviado diplomático desplazado desde Madrid a la República del Congo (Brazzaville)", el diplomático Miguel Fernández Palacios.

Este diplomático tuvo que "hacer frente a una situación de emergencia provocada por el aislamiento de las familias y sus hijos en un país en el que España no posee Embajada, y en donde habían tenido que permanecer debido a los graves disturbios ocurridos en la República Democrática del Congo (Kinshasa)".

En segundo lugar, detalla que los problemas derivados de las adopciones han podido ser "subsanados sólo en parte, siendo la evacuación de las personas el elemento prioritario al que el Ministerio atendió por razones de fuerza mayor".

Ahora, continua el documento, los expedientes habrán de completarse en España ya que, salvo una, las adopciones no están aún constituidas en derecho español, por lo que los jueces encargados del Registro Civil en España deberán verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley antes de proceder a inscribirlas.

El tercer punto del documento insiste en que Exteriores había desaconsejado "por completo" desde diciembre del pasado año, la realización de adopciones en la República del Congo.A su juicio, la seguridad jurídica de un proceso de estas características son "casi nulas, no habiéndose tramitado ninguna adopción por parte de familias españolas hasta la fecha".

ENTIDAD IRRESPONSABLE

En un cuarto apartado el departamento de Exteriores acusa de "irresponsable" a ADIC, la entidad acreditada por la autoridad competente para la realización de adopciones internacionales en los dos países africanos mencionados, y recuerda que había sido "objeto de repetidos informes desfavorables por parte de la Embajada de España, debido a sus procedimientos de actuación". Añade que el pasado uno de agosto, el Instituto Catalán de Acogimiento y Adopción procedió a suspender temporalmente su acreditación.

Seguidamente, en el quinto punto, asegura que la Embajada comprobó que los expedientes citados estaban "incompletos y adolecían de graves irregularidades y deficiencias, ofreciendo su asesoramiento para subsanarlas".

Por este motivo, la embajada de España en Kinshasa, salvo en un caso, no pudo proceder en estas condiciones a expedir visados de reagrupación familiar por adopción sin realizar previamente una comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación local y española. "Esta obligación resultaba inexcusable para eliminar todo posible riesgo de adopciones fraudulentas y tráfico internacional de menores", justifica Exteriores.

El documento de Exteriores concluye diciendo que "del escrupuloso respeto de la legislación local en materia de adopciones internacionales depende el que los países de origen de los menores accedan a su realización".

Y dice que "un proceder poco riguroso en este terreno podría comprometer la continuidad de futuros procesos, lo que perjudicaría a las familias interesadas en la adopción internacional en un país que como España se sitúa a la cabeza en esta materia".