Además, el Consejo de Ministros también aprobó una declaración para el caso de que este protocolo sea extendido por el Reino Unido a Gibraltar.

El acuerdo permite criminalizar la corrupción, activa y pasiva, y tráfico de influencias en el sector público, relacionado con funcionarios nacionales y extranjeros, miembros de parlamentos y asambleas nacionales, internacionales y supranacionales, así como en el sector privado.

El Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) es responsable de controlar la aplicación del convenio.