La advertencia de las autoridades españolas se produjo depués de que el Gobierno fuera informado de que el gobernador provincial de Bata convocó en febrero en dos ocasiones a los responsables de las comunidades de religiosos y de las ONGs españolas, para acusarles de ser mediadores entre España y los partidos de la oposición de Guinea Ecuatorial, al tiempo que les intimidaba y amenazaba, y les restringía la libertad de movimientos.

Ante estos hechos, el embajador español en Malabo, siguiendo instrucciones del Gobierno, realizó gestiones ante el ministro de suntos Exteriores guineano, Miguel Oyono, según consta en una respuesta parlamentaria del Ejecutivo a una pregunta del diputado de Nueva Izquierda Manuel Alcaraz.

Oyono aseguró que se pondría en contacto con el gobernador de Bata para informarse de los sucedido, pero argumentó que se trataba de un suceso aislado, fruto de ocasionales aumentos de tensión y crispación de ciertos sectores de la población de Guinea contra los cooperantes españoles, como consecuencia de un supuesto apoyo de estos últimos alos partidos de la oposición.

El embajador de España volvió a interesarse sobre este asunto ante el ministro guineano el 14 de febrero. En esta ocasión Miguel Oyono aseguró que el gobernador de Bata había sido ya amonestado y advertido de que se había excedido en sus funciones.