Los afectados solicitaron también al Gobierno que reconozca, mediante un diploma, su labor política, "como personas que hemos estado mucho tiempo en las cárceles en defensa de la libertad y la democracia de este país".

Ese colectivo, representado por la Asociación de Expresos y represaliados polticos que preside Gervasio Puerta, expresó hoy que el decreto que el Gobierno socialista aprobó en 1990 y que establecía las subvenciones podría haber sido un "gesto de generosidad", pero lo hizo de una "manera rácana y mezquina", porque sólo protegía a aquéllos que hubieran permanecido en las cárceles franquistas por más de tres años.

Además, la documentación exigida para solicitar las subvenciones supuso una gran dificultad para los afectados, ya que debían certificar su paso por las cárceles y el dlito cometido, (que debía ser político), y excluía a todos los expresos que no hubieran cumplido 65 años antes del 31 de diciembre de 1990.

Según la citada asociación, muchas de las cárceles en las que permanecieron los presos no existen hoy y otras no tienen constancia en sus archivos de la estancia de los mismos, por lo que muchos afectados no tienen documentación para demostrar su pasado ante el Ministerio de Economía y Hacienda.

Otros no pueden certificar que fueron presos políticos porquue feron internados sin juicio, o por tribunales militares que sobreseyeron su causa y no es posible encontrar el delito por el que fueron detenidos.

También figuran personas, unas 180 en total, que no pudieron acogerse a estas subvenciones porque les faltaba un mes o más para cumplir los 65 años antes del plazo establecido para solicitarlas. Tampoco pudieron aquéllos que estuvieron en campos de concentración y trabajos forzados.

PLAZO "CORTISIMO"

La asociación calificó de "cortísimo" el plazo estalecido para solicitar las subvenciones, ya que iba desde el 1 de julio de 1990 al 31 de diciembre del mismo año.

A juicio de los afectados, al establecer ese plazo, en el que se incluían los meses de vacaciones en los que la administración está paralizada, (lo que añadía dificultad a la búsqueda de documentos acreditativos), no se tuvo en cuenta la dispersión de estas personas por España y parte del extranjero, ya que muchos se exiliaron.

En total, el Ministerio de Economía y Hacienda recibió un otal de 101.102 solicitudes de subvenciones, de las que 41.715 están pendientes todavía porque resultaron incompletos, mientras 59.387 fueron resueltas, aunque se desconoce cuáles fueron positivas y negativas.

Los beneficiarios cobraron un millón de pesetas por los tres primeros años de cárcel, más 200.000 pesetas por cada tres años adicionales que demostraran.

Según comentó Inés Ayala, secretaria de Acción Social de UGT y que ha apoyado las reivindicaciones de la asociación, las previsiones del inisterio de Economía y Hacienda cuando elaboró el decreto de subvenciones eran de 15.000 personas.

El portavoz de la Asociación añadió que "por razones biológica" el Gobierno no puede dejar este asunto por más tiempo, debido a que ya se han producido bajas de personas que podrían haberse beneficiado.