García Montes informó a Servimedia que hoy mismo empezará a estudiar la petición de las primeras diligencias, después de que el Tribunal de Cuentas haya hecho público el informe definitivo sobre la gestión de la Expo'92.

El letrado aseguró que entre ls primeras diligencias solicitará la declaración del ex presidente de la Sociedad Estatal Expo'92 Jacinto Pellón, al que García Montes imputaba diversos delitos en su denuncia.

En concreto, el abogado de Ruiz-Mateos pedía investigar a Pellón por los presuntos delitos de maquinación para alterar el precio de las cosas, estafa, alzamiento de bienes, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y delito contra la Hacienda Pública.

El empresario jerezanosolicitaba también que le fuese impuesta a Pellón una fianza que no impida el ejercicio de la acción popular, como afirmaba sucedió con Filesa y el "caso Laos", y que se acepte a García Montes como parte personada en el sumario.

En su exposición de los hechos, la denuncia argumentaba que según los primeros datos sobre la gestión de la Expo'92, existieron numerosas irregularidades, como la adjudicación de obras "a dedo" en un 88% de los contratos.

Asimismo, se aseguraba que los métodos de control uvieron importantes deficiencias y afectaron negativamente a los resultados de la Sociedad Estatal. Sobre el Departamento de Control de la Expo'92, la denuncia afirmaba que sólo 5 de las 110 recomendaciones realizadas fueron aceptadas.

Por último, el abogado de Ruiz-Mateos se refería a los presuntos delitos cometidos en la venta de entradas a espectáculos y en la gestión de personal y reservas hoteleras.

La denuncia fue interpuesta a principios de julio de 1996 ante la Audiencia Nacional, y llegópor reparto al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón.

Este magistrado solicitó entonces al Tribunal de Cuentas que le enviase oficialmente el informe sobre la Expo'92, pero esto no sucedió ya que no era aún definitivo, lo que sí ocurre en estos momentos.