El magistrado ha hecho la solicitud a nstancias de la Fiscalía Anticorrupción, que estudia en estos momentos, a instancias del propio juez, si la Audiencia Nacional es competente para instruir la querella por malversación de fondos públicos y otros siete supuestos delitos.

El Tribunal de Cuentas todavía no dispone de un informe como tal, sólamente de un borrador del que han salido a la luz pública algunos datos el pasado mes de junio. Según ese borrador, la sociedad estatal habría tenido unas pérdidas de 37.046 millones en sus diez años d existencia. Dentro de esa cantidad se incluyen los 13.759 millones que perdió la Expo en 1992, frente a los 17.930 millones que había declarado de beneficio.

Jacinto Pellón ha presentado alegaciones en las que rebate esas cifras. Con los datos, más estas alegaciones y sendos pronunciamientos del fiscal y del abogado del Estado sobre la legalidad de la gestión, el Tribunal de Cuentas tiene previsto emitir su informe oficial a las Cortes antes de final de año.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupcón considera que Garzón debe analizar los datos y remitirle un informe sobre su competencia para tramitar la querella. En última instancia será la Fiscalía quien decida si es competente.

En su querella contra Pellón, que fue presentada hace un mes, al conocerse las informaciones periodísticas sobre el borrador de informe, Ruiz Mateos sólo aportó como prueba las noticias publicadas.

El ex propietario de Rumasa cree que el ex consejero de la Exposición Universal de Sevilla cometió presuntos delitosde maquinación para alterar el precio de las cosas, estafa, alzamiento de bienes, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad y delito contra la Hacienda.

Entre las irregularidades que especifica en su querella, Ruiz Mateos cita la adjudicación "a dedo de obras", el tráfico de influencias, los deficientes métodos de control y gestión, así como las pérdidas a las que los gestores llevaron a la sociedad estatal.