Garzón pide a este tribunal que le remita más información sobre el informe -que todavía es un borrador- que este organismo fiscalizador realiza sobre la gestión de la Expo'92, para poder profundidar así en la denuncia del ex propietario de Rumasa, presentada el pasado mes de junio.

Ruiz-Mateos acusaba en su querella, presentada en la Audiencia Nacional, al que fuera consejero delegado de la Expo, Jacinto Pellón, de varios delitos, entre ellos estafa, prevaricación y maversación de caudales públicos.

El empresario decidió actuar legalmente contra Pellón después de que saliese a la luz pública parte del informe del Tribunal de Cuentas, que reflejaba que la sociedad estatal que gestionó la Expo habría tenido unas pérdidas de 37.046 millones en sus diez años de existencia.

Garzón pidió a finales de julio que le fueran remitidos todos los documentos e informaciones sobre la Exposición Universal de Sevilla, para poder realizar la investigación.

La información lmitada enviada por el Tribunal de Cuentas se debe a que este organismo aún no dispone de un informe definitivo sobre la Expo, ya que todavía es un borrador al que las partes deben todavía hacer alegaciones, y que se prevé esté terminado a final de 1996.