Así lo apuntaron el director de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Ignacio Fernández-Huertas; el catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Sergi Jiménez-Martín, en un encuentro organizado por Fedea y el Consejo General de Economistas para abordar la situación del sistema de dependencia.

Fernández-Huertas glosó las últimas previsiones de la Airef, que estiman que el gasto en dependencia en España, que se encuentra en el 0,9% del PIB, por debajo de la media europea del 1,7%, llegará en 2050 al 1,7%. No obstante, no sería la política pública que más crecería en términos de gasto, pero sí la que crecería con más rapidez.

La Airef también estima que la población total aumentará a los 50,3 millones en 2050, lo que se traducirá en un incremento de la tasa de dependencia -proporción de personas mayores de 66 años respecto a la población en edad de trabajar- que pasaría de 49% en 2022 al 74,5% en 2050.

En cuanto al coste medio por beneficiario, oscila entre los 3.700 y los 10.000 euros y el envejecimiento tendrá un reflejo en la deuda pública suponiendo un incremento de 11,5 puntos de la deuda para 2050 y de 35,8 puntos para 2070.

Fernández-Huertas consideró que se deben tomar decisiones sobre “cómo se van a abordar estos incrementos de gasto que nacen por parte de demandas de la sociedad”. La Airef presentará previsiblemente en marzo una actualización de sus previsiones sobre este asunto.

Por su parte, el investigador Jiménez-Martín explicó que el sector de la dependencia tiene un impacto creciente en la economía que “no se debe despreciar” y no es una inversión estrictamente finalista, pues lleva aparejada creación de empleo, por ejemplo.

Jiménez-Martín recomendó agilizar la tramitación de las prestaciones, reducir el volumen de prestaciones económicas, aunque para ello “hacen falta recursos”, y eliminar la incertidumbre financiera mediante la “asignación finalista de impuestos complementada con financiación privada”. A su juicio, la financiación de la dependencia “sigue siendo una caja negra que se debería arreglar”.

Preguntados por la valoración de la Ley de Dependencia, tanto por parte de la Airef como por Fedea la valoraron positivamente porque ha mejorado la atención.

El presidente del Consejo de Economistas, Valentín Pich, defendió que haya crecimiento económico para “tener más recursos” para sostener el sistema de dependencia.

Por su parte, el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, consideró que la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) fue un “avance significativo, pero parece haberse quedado a medio camino” y necesita “un impulso adicional, lo que requiere situarlo más alto en la lista de prioridades sociales y políticas” y no centrar la atención solo en las pensiones.