Esta es una de las conclusiones de las Jornadas Universitarias "Discapacidad y Derechos Humanos", organizadas por la Universidad Complutense y la Fundación Aequitas, y clausuradas aye.

"Debe regularse no mediante el recurso a leyes especiales, sino considerando las situaciones especiales dentro de las leyes generales, legislando para todos", señala el resumen del encuentro.

Para los participantes, la política legislativa en materia de discapacidad ha de estar inspirada, en todo caso, en los principios fundamentales de "respeto a la dignidad humana y a la libertad individual" y de "solidaridad e integración social".

Otra de las conclusiones es que se debe potenciar el papl de la familia como núcleo social básico y humano de desarrollo personal y de integración social de las personas discapacitadas. Eso exige mayores y mejores apoyos y el respaldo legislativo.

En las jornadas también se ha coincidido en que es preciso desarrollar una política legislativa de sensibilización que supere las "barreras psicológicas y culturales" que impiden que los procedimientos de incapacitación se consideren instrumentos de protección de los minusválidos.

En cuanto a la educación, ls expertos mantienen que este derecho fundamental es "el principal y primario instrumento de integración social", por lo que deben hacerse efectivas protecciones como la formación universitaria gratuita mediante la exención de tasas. Además, la educación de las personas con discapacidad debe canalizarse, en la medida de lo posible, dentro del sistema ordinario.

Para los asistentes, se debe fomentar el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, especialmente de las que se hallen en situacines límite de dependencia.

Además, abogan por la constitución de una "Agencia de Coordinación de Productos Solidarios", que facilite la salida al mercado de productos y servicios elaborados por las personas con discapacidad, identificándolos con una marca distintiva.

Por lo que se refiere a las personas sordas, las conclusiones de las jornadas indican que su educación debe hacerse en la modalidad lingüística (gestual, oral o bilingüe) que mejor se adapte a las habilidas y capacidades comunicativa de cada una de ellas, sin que, en ningún caso, sean aceptables actitudes excluyentes de una opción u otra.

También afirman que no es necesario su reconocimiento como "lengua oficial", pero sí es absolutamente imprescindible que sea considerada como lengua de especial protección por su papel cultural y de integración social.

En el encuentro participaron, entre otros, la directora general de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Encarnación Blanco, y Blanca Entrena, coordinadora de la Fundción Aequitas.