Los expertos celebraron que estas normas “garantizan el acceso al aborto seguro en centros estatales de salud, eliminan los denominados procesos de ‘reflexión’ impuestos arbitrariamente a las mujeres, garantizan el acceso de todas las mujeres (incluidas las lesbianas, bisexuales y solteras) a las técnicas de reproducción asistida y convierten a España en el primer país europeo en introducir legislativamente el permiso menstrual”.

Esta legislación permitirá que la “educación sexual integral” forme parte de todos los cursos de educación obligatoria y auspiciará que se proteja más “la autonomía corporal de las mujeres”, especialmente de las jóvenes.

A juicio de los expertos, “la historia del feminismo es una historia de persistencia frente a la injusticia social”, un exordio que les permitió aseverar que “descrita como un logro feminista fundamental, esta legislación ha sido adoptada como parte de una ambiciosa agenda para el progreso de la sociedad española”.

En cuanto a la ‘Ley trans’, adujeron que la legislación “armoniza el sistema español de reconocimiento legal de la identidad de género a través de la autodeterminación, identificada por la ONU como mejor práctica”.

“Contrariamente a algunas narrativas erróneas, el nuevo sistema garantiza la seguridad jurídica a través de la posibilidad de revisión judicial, colocando adecuadamente la carga de la prueba en la parte recurrente y en el Estado, y no en las personas trans”, certificaron los expertos, quienes añadieron que “la legislación elimina obstáculos arbitrarios, humillantes y dañinos para la persona”.

También consideraron que las dos leyes se adoptaron después de “un proceso parlamentario reflexivo y participativo” que se prolongó “seis años” y que contó con el “asesoramiento de expertos de la ONU”.

Por su parte, invitaron al resto de los países a seguir el ejemplo de España y aprobar leyes análogas y advirtieron de la necesidad de proteger la discusión sobre las mismas del “atractivo populista que las fuerzas regresivas pueden ver en la explotación de discursos antiaborto, antieducación y antitrans”.

El pronunciamiento de los expertos de la ONU fue recibido por la ministra de Igualdad, Irene Montero, con un mensaje en su perfil en Twitter en el que refrendó que “es un orgullo que nuestro país sea referente”.

Por último, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal Lgtbi+, comentó que “el cumplimiento de los derechos humanos implica necesariamente el reconocimiento del derecho de autodeterminación” y aplaudió que la ONU lo recuerde “ante la proliferación de discursos de odio que señalan a las personas trans como violadoras o enfermas”.

Los expertos que se han manifestado en ese sentido son los siguientes: la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la ONU, Dorothy Estrada-Tanck; su vicepresidenta, Ivana Radačić; Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, miembros del equipo; el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género Victor Madrigal-Borloz; la relatora especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud mental y física, Tlaleng Mofokeng; la relatora especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed; y la relatora especial en la esfera de los derechos culturales, Alexandra Xanthaki.