En esta primera sesión, se buscaron propuestas innovadoras dirigidas a abordar los desafíos de las políticas migratorias europeas.

En un debate moderado por Carlos Mataix, director del itdUPM y director científico de Revista Diecisiete, los ponentes destacaron la necesidad de aprovechar el potencial de la población desplazada como motor de desarrollo para las sociedades de acogida y pidieron revisar las actuales carencias del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea.

COMBATIR LOS DISCURSOS

Según Rut Bermejo, investigadora sénior asociada del Real Instituto Elcano y profesora titular de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, es necesario "desactivar las narrativas extremistas que dominan el discurso político en temas de migración y asilo en la actualidad", porque "distorsionan la realidad e impiden alcanzar acuerdos".

A su juicio, existe un clima de creciente polarización y simplificación en torno a las poblaciones en movimiento que contribuye a generar mensajes equívocos y dificulta encontrar posturas intermedias.

“Al estudiar las redes sociales en España, por ejemplo, constatamos que el nodo del que salen las publicaciones sobre migraciones en Facebook habla de ellas como un problema para la sociedad. Se trata de una posición política preponderante, que colma el discurso y que hace que el resto de las personas, con opiniones distintas, se retiren; Así es difícil llegar a ese término medio desde el que se deben tomar las decisiones”, aseguró.

CONTRATOS LABORALES

Por su parte, Miguel Ángel García, experto en migraciones de Acción contra el Hambre --fue director en Centroamérica durante 10 años--, apostó por un modelo de migración circular que proporcione a los desplazados "contratos laborales en origen". De esta manera, tanto el migrante como el país receptor se ven beneficiados, aseguró.

Apuntó que se trata de una opción que permite que el desplazado pueda acceder a oportunidades que no tiene en su tierra natal y le evita arriesgarse a sufrir los abusos que implica la migración ilegal. Por otro lado, el país receptor obtiene la mano de obra que necesita cubrir.

La tercera ponente fue Sunita Nasir, originaria de Afganistán y consultora de Atelier itd y Smart & City y activista por los derechos de las mujeres y los refugiados.

Subrayó que el diálogo entre refugiados y autoridades es clave para alcanzar una integración efectiva, algo que no siempre sucede. “Hablar sirve para que las comunidades y los Estados se entiendan mejor, para aclarar ideas equivocadas y también para reducir el miedo y rechazo hacia los extranjeros”, recalcó.

Desde su experiencia como presidenta de la Asociación de Mujeres Afganas en España (AMAE) destacó que las comunidades de refugiados "son diversas", por lo que no deben ser sometidas "a análisis reduccionistas". “El 20% de los refugiados afganos de AMAE tiene un doctorado, y el 16%, estudios de máster. De los 4.000 refugiados con los que estamos en contacto en 35 ciudades de España, solo el 4% carece de estudios”, subrayó.

“Aun así, estas personas, al igual que los migrantes, viven una pesadilla para acceder al mercado laboral o a una vivienda digna”, denunció.

A su juicio, se da "una frustrante paradoja": después de dejar su país por peligrar sus vidas y no poder estudiar, las refugiadas afganas llegan a España y tampoco pueden hacerlo. "Han venido para continuar su carrera, pero lo único que le convalidan es el bachillerato", criticó.

Agregó que este proceso tarda un año y que el Gobierno tan solo les ofrece formación en jardinería. “Hay economistas trabajando de camareras y juezas como cocineras”.