El informe, al que tuvo acceso Servimedia, afirma que las comunidades, e incluso algunos ayuntamientos, no dudan en competir para captar inversión extranjera mediante ayudas adicionales a las otorgadas por el Gobierno central.

"Sería racional que estas dministraciones llegasen a un acuerdo que evitase su confrontación y permitiese su coordinación con el Estado, para de esta manera reducir considerablemente transferencias de recursos públicos al sector privado", subraya el análisis.

El informe también critica "las campañas desarrolladas en el exterior por personalidades políticas y económicas con la intención explícita de captar proyectos industriales", lo que "da pie a una lucha descoordinada entre representantes públicos por localizar proyectos indstiales en determinados entornos geográficos españoles".

Por otra parte, el estudio realiza un pormenorizado análisis de los efectos de la inversión extranjera en las empresas españolas y señala que sólo el 26 por ciento generan un incremento de la capacidad productiva del país.

"A nivel empresarial, en numerosas ocasiones el inversor extranjero no está interesado en la ampliación de la actividad directamente productiva de la empresa española, ni en su posible ventaja comparativa de costes laboraes", señala.

La razón de la compra obedece, en muchos casos, a que "la posesión de una red de distribución propia en un mercado dado y con un buen conocimiento del mismo es la manera más barata de introducirse en él y de aprovechar en beneficio propio la barrera de entrada que significa el desconocimiento de los usos y costumbres comeciales de una país".

Las empresas extranjeras se han beneficiado en gran medida de las ayudas previstas en la Ley de Incentivos Regionales, durante los años 1989 y 190. En ese periodo, 69 sociedades foráneas obtuvieron 110.526 millones de pesetas en subvenciones.

Las subvenciones medias obtenidas presentan fuertes variaciones según las comunidades autónomas en que se hayan instalado los proyectos industriales, lo que demuestra la existencia de una especie de "dumping" de incentivos para captar esas inversiones.

Las comunidades más subvencionadoras fueron Murcia (27 por cien del importe total de la inversión), Galicia (21,9), Castilla La Mancha (20,3) y Extreadura (20) y Castilla y León (19,5). Las que menos fueron Aragón (7 por cien), País Vasco (12,3) y Canarias (14,9).

QUE CUMPLAN SUS COMPROMISOS

En sus conclusiones finales, el estudio indica que, puesto que es necesario mantener una política de incentivos regionales, "deberían atarse económicamente los proyectos de inversión aprobados para que no se produzcan casos de incumplimiento por parte de las empresas extranjeras respecto a los compromisos de inversión adquiridos previamente a la concesión deincentivos".

También aconseja "cuidar el aspecto de la reciprocidad a nivel internacional, procurando que el trato que se dispensa a las empresas extranjeras sea abierto y el mismo para todas excepto en el caso de aquéllas provenientes de países que ofrecen serias resistencias a la penetración del capital foráneo en sus empresas nacionales".

Por otra parte, el informe demuestra que es falsa la creeencia generalizada de que la inversión extranjera en España es especialmente elevada en relación a oros países de la CE. Por el contrario, sí es cierta la resistencia de las empresas españolas a invertir en el extranjero.

A este respecto, señala que "las empresas españolas muestran todavía excesiva precaución en la salida inversora al exterior y, sin embargo, ésta es esencial para la internacionalización de su actividad y el acercamiento de la producción a mercados alejados geográficametne, pero que son un prolongación del interior, económicamente".