Así lo afirmó durante su participación en una mesa redonda organizada en el XIII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) que se celebra estos días en Palma de Mallorca.

El doctor Tuca, también especialista del servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico de Barcelona, recordó que, según datos recogidos en la literatura sanitaria, “gran parte de las personas que solicitaron eutanasia habían recibido previamente una atención paliativa especializada”, lo que confirma “que ambas opciones son el fruto de decisiones vitales independientes”.

Desde este punto de vista, el experto recalcó que los cuidados paliativos integrales en un proceso de final de vida deben entenderse “como un derecho de las personas y como un imperativo ético para todos los profesionales e instituciones sanitarias”.

SOPORTE PALIATIVO

Por ello, agregó que “no podemos admitir que el deseo de ayuda para morir de una persona se relacione con el abandono y la ausencia de soporte paliativo. La sociedad nunca ha de entender la eutanasia como una alternativa eficaz, rápida y poco costosa, sino como una decisión personal excepcional de orden diferente a las condiciones de soporte paliativo que deben asegurarse siempre a todo ciudadano”.

En este contexto, el doctor Tuca consideró que el debate social sobre la legalización de la eutanasia, su aplicación y la objeción de conciencia “solo se puede abordar desde un análisis ético, laico, pluralista, posibilista y social”.

Por ello, defendió que en esta reflexión “todos debemos aportar nuestros valores morales y cosmovisión espiritual, aceptando y respetando la coexistencia de diferentes sistemas morales, entendiendo el carácter social de los argumentos, donde el otro es tan importante como el yo, y estableciendo una deliberación que se aleja de posiciones radicales y persigue el máximo nivel de convergencia”.

DATOS EN CATALUÑA

El presidente de la Comisión de Garantías y Evaluación de la ley de eutanasia en Cataluña, ofreció algunos datos sobre los seis primeros meses de vigencia de la ley en Cataluña. Así, indicó que entre junio y diciembre de 2021 se registraron 68 solicitudes de prestación de ayuda para morir, de las cuales 33 obtuvieron una resolución favorable (65%), cinco desfavorable y 17 seguían en trámite a 31 de diciembre. Además, nueve personas fallecieron antes de que finalizara el procedimiento y otras cuatro revocaron su solicitud.