El análisis de Javier de Quinto parte de que la potencia eléctrica instalada en la península, unos 43.750 megawatios, es suficiente hasta 1996 para cubrir las previsiones oficiales de demanda, pero a partir de entonces y hasta el año 2000 habrá que conectar a la red otros 7.500 megawatios.

Las previsions de aumento de la demanda realizadas tanto por el Ministerio de Industria como por la patronal UNESA coinciden aproximadamente en que el consumo peninsular de electricidad hasta el año 2000 crecerá dentro de una banda del 2,5 al 4 por ciento, con un valor medio probable del 3,25 por cien.

Ante esa previsión de demanda, conviene definir pronto, en opinión de Javier de Quinto, "qué equipos, quién, dónde y cuándo se han de instalar durante la próxima decada a fin de cubrir esos 7.500 megawatios necesaris a partir de 1996, problema que está intimamente ligado a la salud económico financiera de las compañías eléctricas (que es, con excepciones, mala)".

Esa cobertura puede realizarse, a su juicio, sin proceder al levantamiento de la moratoria nuclear, "de forma razonable, tanto desde el punto de vista económico (minimizando las inversiones) como técnico (emplazamientos, impacto medioambiental)".

Su propuesta prevé la siguiente cobertura de los 7.500 megawatios necesarios: 2.200 por aprovechamientode Vandellós I para gas y la puesta en marcha de otras centrales que empleen este mismo combustible, 2.000 por contratos de importacion con Francia, 1.620 por hidroelectricidad, 800 por energías renovables o cogeneración, 650 por "repowering" y 230 por otros medios.

OCTAVO PAIS NUCLEAR

En su análisis, Javier de Quinto recuerda que España es el octavo país relativamente más nuclearizado del mundo, con casi un 40 por ciento de su producción eléctrica basada en ese tipo de energía. Por delante se sitúa únicamente Francia, Bélgica, Corea del Sur, Hungría, Suecia, Suiza y Alemania.

De Quinto señala asimismo que desde hace 16 años no hay nuevas autorizaciones para la construcción de centrales nucleares en Estados Unidos y desde hace quince en Europa Occidental.

En España, la moratoria nuclear decretada por el Plan Energético Nacional de 1983 afecta a los grupos I y II de Lemóniz, I y II de Valdecaballeros y II de Trillo.

A través de las tarifas eléctricas se detrae un porcentaje para hacer fente a las obligaciones financieras derivadas de estas inmovilizaciones, que la Dirección General de la Energía valora en unos 545.000 millones de pesetas.

Estas cantidades, según Javier de Quinto, resultan "históricamente insuficientes" para cubrir el coste financiero que soportan las compañías y, si la decisión del Gobierno fuera la de cancelar los grupos sometidos a la moratoria, "habría que encontrar la forma de resarcir a las empresas".